Hay una lacra en nuestro sociedad que todavía no se conoce en profundidad. De la que muchos, incluida la clase política, no están concienciados. Pero que hace muchísimo daño. Al igual que otras adicciones o dependencias desestructura familias, lleva a la exclusión social, pero todavía no se le ha dado la suficiente importancia. Y la tiene. Créanme que la tiene.
Se trata de las casas de apuestas, que crecen como setas en todas nuestras ciudades. Lo que parece un juego inocente acaba generando unas dependencias de las que resulta muy difícil salir. Ludopatía. En muchas de esas casas de apuestas pululan personas que gentilmente se ofrecen a prestar dinero a los jóvenes cuando ya no les queda más que apostar. Y cuando esos jóvenes no consiguen recuperarlo en las apuestas es cuando aparece la extorsión. Y las familias desesperadas. Y toda una retahíla de efectos secundarios poco conocidos hasta ahora.
A mi me recuerda mucho a lo que pasan los padres con los hijos que tienen otro tipo de adicciones: la mentira, el robo, el disimulo… todo para conseguir dinero, en este caso para seguir jugando o para pagar al usurero.
Y no pocas veces estos jóvenes acaban siendo amenazados por sicarios, seguidos por la calle, o sus jefes en el trabajo reciben llamadas telefónicas en la que les cuentan que tal empleado es un moroso… La extorsión pura y dura. Y no me lo estoy inventando. Son datos reales de familias que están pasando en este momento por este calvario.
Por eso me alegró tanto cuando leí la noticia de que la Comunidad de Madrid va a aumentar el control en las casas de apuestas para evitar el acceso a los jóvenes.
Es un buen comienzo, pero insuficiente a todas luces. Porque los universitarios se suman cada vez más a esta adicción. Y ellos son mayores de edad. Hay que regular estas casas. No sé cómo, pero hay que hacerlo. Para ello están nuestros políticos: deben hablar con algunas familias afectadas y ponerse manos a la obra.
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