MADRID 23 May.
La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido para sus correligionarios un mazazo y, tras la negación de los hechos y acusaciones a jueces y periodistas, se ha pasado a imponer el relato de una gobernanza digna de elogio. Sin embargo, limitando el análisis al terreno económico, objeto de esta columna, la valoración de ese legado dista mucho de ser positivo. Cuando Zapatero llegó a La Moncloa, España presentaba unas cuentas públicas saneadas, con superávit presupuestario, una deuda pública equivalente al 45,4% del PIB y un mercado laboral que se aproximaba en muchas zonas de España al pleno empleo. Sin embargo, la situación al término de su mandato fue muy distinta: el déficit público rondaba el 10%, el desempleo superaba los cinco millones de personas -el 21,5% de la población activa- y la deuda pública había rebasado el 70% del PIB.
Es cierto que la crisis financiera internacional de 2008 fue una de las más severas de las últimas décadas y afectó a la mayoría de las economías desarrolladas. Pero Zapatero se empeñó en negarla. Nos hablaba de la Champions League, de los brotes verdes, mientras los indicadores se deterioraban. De hecho, se tomaron medidas que supuestamente iban a estimular el crecimiento y el empleo, como el Plan "E" con un gasto de 15.000 millones o el cheque de 400 euros con un coste de 6.000 millones, que complicaron aún más la situación. Los efectos sobre la economía fueron nulos. Muy al contrario, aumentó el endeudamiento y entramos de lleno en una profunda recesión.
La realidad acabó imponiéndose. Grecia, Irlanda y Portugal eran rescatadas por Bruselas, mientras España con una prima de riesgo disparada y dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas, fue obligada a aprobar un severo programa de ajuste que incluyó la congelación de las pensiones, la reducción salarial de los funcionarios, la subida del IVA, el incremento del IRPF y la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, previamente eliminado. Además, la reestructuración del sistema financiero se abordó tarde y mal y el déficit del sistema eléctrico superaba los 24.000 millones de euros. Considerar este legado argumento para tapar los indicios, que en horas serán pruebas, de una presunta trama de corrupción como la que hemos conocido, resulta patético, otro engaño masivo indefendible e injustificado. El camino es defender la presunción de inocencia y apoyar el trabajo de jueces y fiscales. No inventarse relatos cuyo parecido con la realidad es pura coincidencia.
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