A medida que hemos ido conociendo más detalles acerca de la muerte de dos agentes de la Guardia Civil que perseguían a una narcolancha a unas ochenta millas de la costa de Huelva, crece la indignación doblada de perplejidad.
Indignación por la falta de sensibilidad que delata el tratamiento oficial que se ha dado al caso -ausencia del ministro del Interior en el funeral de los agentes fallecidos- y perplejidad ante la ceguera y falta de empatía de quien llegó a calificar lo sucedido como un "accidente laboral", palabras de María Jesúsn Moerno, la ex vicepresidenta, ex ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía.
Recordemos los hechos. Dos agentes de la Guardia Civil (el capitán Jerónimo JM y el agente Germán PG) pierden la vida en el transcurso de una persecución a narcotraficantes que desembocó en el choque entre dos lanchas policiales en el que también resultaron heridos otros dos guardias. Técnicamente un crimen. Como poco un homicidio por imprudencia grave como resultado de las maniobras realizadas por los delincuentes que trataban de zafarse de la persecución de los agentes. No es el primer caso: en un incidente de características similares, en aguas de Barbate, perdieron la vida en 2024 otros dos agentes de la Benemérita. Entonces y ahora las voces que se alzaron para denunciar el riesgo que corren los agentes señalaban como causa principal la descarnada violencia de los delincuentes y la desproporción en los medios con los que cuentan las autoridades para combatir a las mafias que operan a uno y otro lado del Estrecho de Gibraltar.
"Los narcos van por delante" -comentaba el fiscal jefe de Huelva en reciente entrevista en la que señalaba que disponen de armas de guerra (fusiles de asalto), amén de dispositivos electrónicos que les permiten rastrear las vigilancias. Los delincuentes van por delante y la Justicia con retraso. A paso lento por falta de recursos, con carga de trabajo que arrastra sumarios que envejecen en los juzgados. En un país en el que Hacienda rastrea hasta el último céntimo y nada escapa a su bulimia escrutadora sorprende que idéntica diligencia no se extienda a la tarea de combatir las mafias que van ganando terreno.
La droga mueve mucho dinero y el dinero compra complicidades. Las mafias que se dedican al tráfico de cocaína y hachís han convertido el sur de España en la puerta para acceder a los países ricos de la UE. Para mejor combatirlas el Gobierno tendría que empezar por reconocer que los agentes que se enfrentan a los narcos - guardias civiles y policías nacionales- asumen una profesión que apareja riegos. Negar esa consideración resulta mezquino. Una mezquindad que alcanza a algunos de los diputados de la Mesa del Congreso, que han rechazado una Proposición No de Ley para declarar "profesión de riesgo" a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Ellos se juegan la vida, ¿sabrán los diputados lo que es correr riesgos? Vivimos en un país muy raro en el que hay que recordar hasta lo que debería ser evidente.
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