<"background-color: inherit; color: inherit; caret-color: auto;">Vivimos tiempos en los que hay que recordar hasta lo que debería ser evidente: sin separación de poderes, no hay democracia. Conviene recordarlo ante el atropello que apareja la proposición de ley para cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, que impulsan el PSOE y Podemos con el propósito de dejar en sus manos el nombramiento de jueces afines.
Según algunos expertos el proyecto técnicamente es un desastre, incluso desde el punto de vista sintáctico. Lleva la impronta de Podemos, partido cuyo líder Pablo Iglesias no oculta su aspiración a controlar a los jueces, a los fiscales y a RTVE. Así lo advertía hace un par de años el mismo Pedro Sánchez que ahora le ha nombrado vicepresidente del Gobierno.
Pese a determinadas sentencias que han sido muy polémicas, en España, los jueces cumplen con los estándares propios de los países democráticos más avanzados. No tenemos una justicia politizada que es el rechazable escenario al que nos conduciría -caso de prosperar- el proyecto que impulsan la coalición que gobierna nuestro país. Es tan evidente el aire bolivariano que desprende la cosa que ha concitado el rechazo de todas las asociaciones de jueces con excepción de la minoritaria Jueces para la Democracia que solo ha mostrado discrepancias de carácter "técnico".
Al repudio de jueces y fiscales se han unido los partidos de la oposición y también alguno de la coalición que apoyo la moción de censura que tumbo a Rajoy e instaló a Pedro Sánchez en La Moncloa.
Estos últimos temen que sí cambian las reglas para nombrar a los miembros del CGPJ dejándolo en manos de los políticos , en un futuro en el que el signo del Gobierno de España vuelva a ser conservador, podrían aprovecharse de esta norma para instalar un rodillo político. Son conscientes de que la inercia de la política española tiende a que los conflictos de naturaleza política acaben siempre en los tribunales.
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