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Sobre la dimisión de Óscar Puente
Para averiguar cuál debería ser la respuesta institucional ante una tragedia: respeto, un tiempo de silencio, aparcar las críticas o denunciar de errores desde el primer momento, hay que acudir a la memoria de las que ya hemos sufrido en España.
Memoria para recordar cuál fue la reacción de los partidos políticos del ARCO parlamentario. La más reciente, anterior al descarrilamiento de Ademuz, fue la riada que arrasó la provincia de Valencia y aledaños provocando 224 víctimas. En aquella ocasión, desde el primer momento el Gobierno, el PSOE, sus socios parlamentarios y las respectivas terminales mediáticas cargaron sin tregua contra los responsables de la Generalidad valenciana centrando el ataque en la gestión (incompetente) de quien la presidía, Carlos Mazón, al que algún portavoz acusó de asesino.
En aquel contexto, desde la izquierda, ni los partidos ni sus medios consideraron oportuno aparcar las críticas a la espera de establecer qué es lo que había fallado y sí las negligencias o retrasos en reaccionar ante la riada agravaron sus consecuencias. El Gobierno que preside Pedro Sánchez -"Si necesitan ayuda, que la pidan"- trató se escabullir su responsabilidad subsidiaria al descartar la declaración de emergencia. No hubo entonces la tregua que piden ahora el presidente y el ministro de Transportes. Cuando la dana se cebaron en los errores y fallos de la Generalidad para laminar la gestión de los gobernantes del PP. Fueron los mismos que ahora piden mesura pese a la evidencia de que el descarrilamiento de los dos trenes está relacionado con el deficiente mantenimiento de las vías y el retraso en asistir a las víctimas con los fallos del sistema que creímos que garantizaba la seguridad en los trenes.
Responsabilidad en ambos casos del Ministerio de Transportes, es decir, del Gobierno que preside Pedro Sánchez. Cuando la dana, los dirigentes de los partidos de la izquierda y sus medios afines, un día tras otro, reclamaban la dimisión de Carlos Mazón y hasta la de Alberto Núñez Feijóo. Ahora, ante las evidencias que señalan la responsabilidad política por mala gestión en Renfe y Adif, empresas dependientes del Ministerio de Transportes, todavía no han encontrado tiempo para exigir la dimisión de Óscar Puente. Coinciden con el interesado, quien ya ha dicho que no tiene intención de resignar el cargo asumiendo la responsabilidad política por lo ocurrido. Edificante. Un ejemplo más de la muy española ley del embudo. Aquí no hay costumbre de rendición de cuentas.
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