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Ética para después de la pocilga
Aunque los indicios son importantes, no sabemos si Zapatero será juzgado y, en ese caso, condenado o absuelto. Tiene derecho a la presunción de inocencia. Tenemos, sobre todo, que dejar actuar a la justicia con absoluta independencia, aunque los que defienden a muerte al expresidente del Gobierno y los que ya le han condenado siguen intentando no sólo coaccionar a los jueces sino "imponerles" lo que tienen que hacer.
Meter mano en la justicia sobre todo para colocar a los suyos en los órganos jurisdiccionales que pueden juzgarlos a ellos. Cada vez hay más políticos calentando en la banda porque saben que pueden salir.
Dicho eso, hay cuestiones que hablan claramente en contra de la actividad pública y privada de Rodríguez Zapatero, de su doble cara. Su actividad en Venezuela no ha sido la de un mediador o un conciliador sino la de un blanqueador de una dictadura infame, de un chavismo que expulsó del país a ocho millones de ciudadanos, que manipulaba elecciones y encarcelaba y torturaba a sus oponentes. Defendió a Chavez como ahora defiende a Delcy. ¿Sólo por convicción? Nunca a la oposición. El defensor de las minorías, el presidente que resucitó la confrontación entre españoles y el muro entre partidos, el autor de la ley de memoria histórica ha sido permanentemente un sectario que ha susurrado a Pedro Sánchez lo que había que hacer para mantenerse en el poder, quiénes eran los amigos y quienes los enemigos.
Nietzsche decía que "un político divide a las personas en dos categorías: en primer lugar, los instrumentos; en segundo lugar, los enemigos". El presidente que estaba más cerca de Podemos que del PSOE puede dar pocas clases de moral, aunque se ha hartado de hacerlo. Pero hay que diferenciar entre el sectario y el delincuente. Lo que es preocupante es que ni el Presidente del Gobierno, ni el CNI, bajo la tutela de la ministra de Defensa, ni el ministro de la Presidencia, la mano derecha ejecutora de Sánchez, supieran nada de las actividades, cuando menos sospechosas, de alguien que ha estado tan pegado a Sánchez y al PSOE durante estos años después de que, en su día apoyara a Susana Díaz, su rival en las primarias.
¿No tenían ni información ni sospecha alguna? ¿Nadie seguía las actividades del expresidente, sus andanzas, sus constantes viajes a Venezuela o China, los intensos rumores sobre sus negocios opacos? Conducir los asuntos públicos en beneficio personal o familiar o para mantener un estatus, no es una novedad. Ya hay más casos en los juzgados que pueden o no tener relevancia penal, pero que éticamente son impresentables. Con todo este fango, en medio de esta pocilga en que algunos han convertido la polìtica, en una sociedad cada vez más hostil, agresiva, egoísta e individualista, parece evidente que es indispensable un compromiso político y social para evitar la degradación del poder, que la confianza de los ciudadanos en la polìtica se arruine definitivamente y dé alas a quienes solo buscan desestabilizar la democracia. Desde la extrema derecha o desde la extrema izquierda.
Ahora, lo primero es dejar actuar a la justicia y proteger su independencia. Luego hay que corregir muchas cosas, empezando por el Estatuto de los expresidentes y una vigilancia activa de sus actividades y la de todos los cargos públicos. Aristóteles ya señalaba que vigilar siempre al poder es vital ya que la tendencia natural es la de satisfacer no sus necesidades sino sus ambiciones. Es evidente que no hemos cambiado mucho desde entonces, que la regulación actual es insuficiente y que los controles no funcionan.
Hay que abrir también un debate sosegado sobre una nueva ética polìtica, sobre qué es lo que nos ha llevado a esta situación y sobre la responsabilidad no sólo de los políticos sino de los ciudadanos en una sociedad democrática. No debería haber unas nuevas elecciones sin que antes, políticos y ciudadanos, sobre todo los primeros, cada partido, cada candidato, hayan cerrado un compromiso expreso con la sociedad civil de una ética pública que dificulte comportamientos como los que estamos viendo, castigue la mentira, determine con claridad las responsabilidades políticas y fije el castigo no solo penal, sino también político y social para expulsar de la vida pública a los corruptos y a quienes los toleran o amparan.
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