Cuesta creer al ministro

Si no fuera por que el hecho al que remite es dramático -la invasión de Ceuta llevada a cabo por ochenta mil jóvenes procedentes de Marruecos de los que en aguas españolas se ahogaron cerca de un centenar-, sería para no dar crédito a las contradictorias versiones que han dado sobre este episodio la ministra de Defensa y el ministro del Interior.

De creer a Margarita Robles, la víspera de producirse la avalancha, desde el CNI advirtieron a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno en Ceuta de la inminencia de la entrada masiva. De creer a Fernando Grande-Marlaska: no hubo ningún informe ni del CNI ni de ningún centro de un país amigo.

¿Quién dice la verdad? La lógica invita a pensar que desde el CNI, que según reveló la ministra tiene 25 agentes destacados en Ceuta, alertaron del movimiento que se estaba produciendo al otro lado de la frontera y que, con el antecedente de lo ocurrido en mayo de 2021, extrajeron sus conclusiones. ¿No fueron transmitidas en tiempo y forma -tal vez por escrito- como parece reprochar el titular de Interior? ¿Es ese el procedimiento burocrático establecido? Parecería que ante una situación tan comprometida -miles de jóvenes acercándose a la frontera o acampando en los alrededores-, lo perentorio era alertar y dejar el papeleo para más adelante. En términos políticos estamos ante un hecho en el que a la gravedad de lo ocurrido -de "violación de la integridad territorial de España" lo calificó Pedro Sánchez en su fugaz visita a la ciudad- se suman las versiones contradictorias que han dado dos miembros del Gobierno de España.

Hablo de gravedad en orden al desconcierto que genera que dos ministros -jueces, de profesión- estén en el centro de una polémica en la que se sustancia es la duda acerca de quién dice la verdad o quién miente tratando de ocultar su responsabilidad por no haber alertado de lo que se venía encima o, teniendo conocimiento, por no haber puesto los medios para impedirlo desplegando el pertinente operativo policial. Operativo que, dada la magnitud de la avalancha y la pasividad de la gendarmería marroquí, si no impedido cuando menos habría podido reducir el número de asaltantes.

En otro país, un país serio, con gobernantes respetuosos de las pautas democráticas, el responsable de este inmenso fallo de seguridad ya tendría que haber dimitido. Y, ante un hecho de estas dimensiones, a quien habría correspondido informar a los ciudadanos y responder políticamente de lo ocurrido -evitando dobles versiones- sería al presidente del Gobierno. Pero eso habría sido así en un país serio. Aquí, para conocer la versión de Pedro Sánchez, habrá que esperar a que supere el llamado síndrome post vacacional. Que han sido largas.

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