
Casi un mes es el tiempo que ha necesitado el Gobierno para reaccionar ante la invasión de Ceuta. Exactamente 25 días para convocar al Consejo de Seguridad Nacional, crear un mando único que coordine a los distintos ministerios y desempolvar un plan que llevaba cuatro años durmiendo en un cajón. Si esto es una respuesta de Estado ante una crisis de soberanía, cuesta imaginar qué tendría que ocurrir para que la reacción fuese inmediata. Ahora el Gobierno asegura que ha reforzado el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, aprobado en 2022 y dotado entonces con 354 millones de euros.
El problema es que aquel plan nació precisamente después de la entrada ilegal de más de 10.000 inmigrantes en 2021 y, pese a la solemnidad de su presentación, nunca llegó a ejecutarse como se anunció. ¿Por qué habría que creer ahora que será diferente? La situación de Ceuta ya no admite más diagnósticos ni más fotografías. La ciudad vive una crisis de soberanía, de seguridad, social y sanitaria. El consumo se ha desplomado un 30%, numerosos comercios y establecimientos de restauración han cerrado y la caída del turismo golpea a cientos de pequeñas y medianas empresas. Son negocios que tienen que seguir pagando salarios, impuestos y cotizaciones mientras ven desaparecer a sus clientes.
El vicepresidente Carlos Cuerpo acudió el lunes a Ceuta, se reunió con el presidente Juan Vivas y con representantes empresariales y sociales y prometió un plan "ambicioso". Pero, de momento, ni siquiera existe una cuantificación económica concreta. Ambición sin presupuesto es en política, bla, bla, bla. Además, el nuevo plan pretende hacer casi todo: impulsar la economía, reforzar la seguridad urbana y fronteriza, gestionar los retornos, atender a los inmigrantes y fortalecer los servicios públicos. Demasiadas promesas para un Gobierno que llega con veinticinco días de retraso. Ceuta no necesita ahora otro documento sino control efectivo de la inmigración ilegal, respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, más jueces, más médicos, más de todo y medidas inmediatas para evitar que su economía se desangre.
La experiencia no invita al optimismo. Basta recordar lo ocurrido con muchas de las ayudas prometidas durante el Covid, la dana de Valencia o el volcán de La Palma. Ceuta ya tuvo un plan que no resolvió sus problemas porque, sencillamente, no se ejecutó. Ahora, la realidad es que el Gobierno llega tarde, con un plan antiguo, sin cuantificar y después de haber dejado que la situación se deteriore hasta límites insoportables. Ceuta lo que necesita es que el Estado esté presente, pero de verdad.
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