Colaboraciones de opinión

Empiezo a admitir que los secesionistas catalanes puede que tengan razón y sean superiores a los españoles que viven en Cataluña y en el resto de España. No reíamos mucho de aquél presidente, que tenía un eslogan que era una especie de consigna contra el estreñimiento -"Apretad, apretad"- y que había publicado escritos racistas contra los españoles, pero la entrega de 20 millones de euros a Barcelona para que comience la cocapitalidad con Madrid comienza a demostrar que puede que sean una raza superior.

Cada vez más aceptamos casi como inevitables y naturales algunos comportamientos políticos que a muchos casi nos escandalizan. Sabemos que en política, quienes la ejercen, se equivocan, que cometen errores que nunca reconocen y que, en ocasiones, su capacidad para la impostura y la incoherencia claman al cielo.

Usan el "nosotras" con carácter universal, como salmo anunciador de que las mujeres salvarán al mundo, pero se reservan el derecho de admisión, tal y como se ha constatado en las señaladas ausencias de mujeres tan principales o más como las cinco rosas de Valencia.

Sentirse salvador del mundo es ahora algo facilísimo. Basta con apretar el "me gusta" del twitter o de comprar cualquier cosa que se anuncia como redentora de la humanidad en la televisión.

Madrid está en el foco por múltiples razones. La han puesto de nuevo en el mapa sus dos últimos regidores, Martínez-Almeida y Díaz Ayuso. Prácticamente todos los datos son buenos y la gestión de la pandemia, con sombras, pero con más luces, ha permitido que su economía crezca por encima de la media española y sectores fundamentales como la industria, la hostelería y la cultura no han sufrido la devastación del resto de España.

Enrique Arnaldo ya es magistrado del Tribunal Constitucional. Su nombramiento ha sido avalado por el Congreso de los Diputados a pesar de ser un candidato impresentable, en el sentido literal de la palabra: nunca debió ser presentado para tan alta magistratura.

El Gobierno no quiere escuchar las previsiones que sobre la evolución de la economía española llevan semanas haciendo organismos públicos y privados. Todos insisten en rebajar las expectativas ante la subida de los precios y los cuellos de botella en la producción de materiales y llegada de mercancías.

Esto de pagar por usar la carretera, y que no pague el que no la use, parece tener una aparente lógica, pero nos encamina hacia un panorama lleno de incertidumbres.

Resulta curioso que los que con más intensidad se opusieron al copago medico (que, en un país tan poco dudoso como Alemania, eliminó de golpe el 25% de las consultas) estén ahora en el Gobierno y sean entusiastas partidarios de pagar por usar la carretera.

La Generalidad de Cataluña estudia un plan para comenzar la educación sexual en la guarderías infantiles, que acogen a niños de 0 a 3 años. No me puedo explicar cómo hemos pasado lustros y lustros, sin habernos dado cuenta de la necesidad de que los niños de 0 a 3 años recibieran educación sexual, y quién sabe si algunos maltratadores o algunos asesinos en serie, no son el resultado de este descuido.

Suele decir el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que el culebrón de su partido en la Comunidad de Madrid se basa en premisas falsas. Por tanto, falsa es la conclusión aireada por los finos analistas en el sentido de que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la CAM, pretende hacer sombra al líder nacional, Pablo Casado.

La absoluta incompetencia del Gobierno está haciendo mucho daño a la economía española y a los españoles. Sólo esta semana hemos asistido a un auténtico espectáculo de falta de coordinación, de nula claridad sobre cómo abordar los problemas más acuciantes, de ineficacia y de sostener los errores más allá de lo razonable.

Cualquier tonto contemporáneo está convencido de que la realidad cambia, no cavilando sobre los problemas, indagando las soluciones más apropiadas y poniéndose a trabajar, sino denominando a la realidad de otra manera.

Pese a que el Ejecutivo va sorteando dificultades no cabe decir que viva su momento más dulce, todo lo contrario, pero hete aquí que se ha encontrado con un regalo que no esperaba: el patético espectáculo que el Partido Popular le está ofreciendo en bandeja.

En China aterrorizan a la población con un inminente desabastecimiento de comestibles, en Austria y en Alemania con un apagón general, y aquí con las pensiones, esto es, con la supuesta inviabilidad del sistema, mediante el cual, por ejemplo, el que se ha deslomado trabajando toda la vida y aportando su cuota al común, recibe en la vejez, cuando ya no puede deslomarse ni aportar, un dinero para no morirse antes de tiempo, de hambre.

Alguien está enredando más de la cuenta en el entorno de la dirección nacional del PP en contra de los intereses de la marca nacional del partido conservador, que es el pilar derecho de nuestro sistema y en ese sentido también afecta a su estabilidad.

Al final, las semanas de máxima tensión entre los dos socios de Gobierno, resulta que se debían a una sola palabra: derogar. Estamos hablando, como se supone, de la reforma laboral que enfrenta al Ministerio de Economía, con la vicepresidenta Nadia Calviño al frente, y el Ministerio de Trabajo, con la vicepresidenta Yolanda Díaz al frente.

El Gobierno ha pasado la prueba de fuego de sus Presupuesto Generales del Estado para 2021 en el Congreso de los Diputados. Los dos grupos políticos necesarios no han presentado enmienda a la totalidad, es decir, que no han sido devueltos.

Por segunda vez el Partido Popular ha sido condenado, como responsable civil subsidiario, por las obras de su sede en la calle Génova de Madrid. La sentencia describe como la citada reforma se pagó con dinero negro que Barcenas guardaba en una caja fuerte de su despacho y que provenía de "donaciones" al partido.

Satisfecho por la ya prácticamente segura aprobación de 'sus' Presupuestos --nuca dudó, ni él ni casi nadie, de que lo lograría--, sin haber hecho, reconozcámoslo, concesiones demasiado onerosas ni a ERC ni al PNV, Sánchez se dedica este fin de semana a engordar su álbum de fotos.

Precio de la factura eléctrica, suministro de gas desde Argelia, inflación disparada y como alivio, el descenso del paro que, objetivamente, es una buena noticia. Podrían añadirse otras circunstancias pero, sin duda, el gran tema son las discrepancias en el seno del Gobierno de coalición.

Mis conocimientos sobre Economía son tan elementales como los que poseo sobre el motor de explosión de cuatro tiempos. Sin embargo, distingo que una inflación del 2% es bastante mejor que la del 5% que se está implantando en Europa.

Es un clásico que los socialistas cuando no quieren reconocer la realidad la cambian. Pasó con Zapatero y sus ministros de Economía en la anterior crisis económica. Tanto el presidente como Solbes o Salgado para no reconocer que había una recesión se inventaron nuevos términos que evitaran la palabra crisis.

Se pueden discutir muchas cosas en relación a la condena y a la retirada del acta de diputado de Alberto Rodríguez, desde la propia sentencia hasta el embrollo jurídico y competencial que su accidentada aplicación ha generado, pero lo que no se puede discutir es que los siete años que la administración de justicia ha tardado en juzgar los hechos objeto de litigio es un plazo de tiempo rigurosamente inaceptable.

En los enfrentamientos entre algunos miembros del Gobierno --partidarios o reticentes a la derogación de la Reforma Laboral-- hay algo de teatro. Pero a pesar del ruido mediático no parece que las discrepancias de Podemos vayan a provocar la ruptura de la coalición en la que se apoya el Gobierno.