Colaboraciones de opinión

El Robin Hood tradicional robaba a los ricos para dárselo a los pobres, y su figura -nacida de la leyenda, de la invención y de la realidad- fue siempre fuente de simpatías de los humildes, que admiraban a quien se enfrentaba a los más ricos.

¿Tiene razón Alberto Núñez Feijóo cuando dice que presentar una moción de censura al Gobierno solo favorecería a Pedro Sánchez porque no dan los números para que pudiera prosperar? La pregunta permite más de una respuesta.

Hay preocupación generalizada por la situación política, por la degradación de las instituciones, por la elaboración defectuosa de leyes que causan efectos perversos, sin que nadie asuma ninguna responsabilidad, por la elaboración de leyes "ad hominem" para beneficiar a unos pocos a cambio de votos, por la incapacidad para alcanzar consensos, por la división de la derecha y por la fragmentación de la izquierda.

¿Merece realmente la pena meterse en un lío legal de todos los diablos, enfadando hasta a parte de los tuyos, para beneficiar a menos de cuarenta personas? ¿Es aconsejable agravar el frente de guerra ya abierto con una mayoría de los jueces con tal de situar en el Tribunal Constitucional a dos personas que, dicho sea con todos los respetos, son las menos idóneas para ocupar esos puestos? Pedro Sánchez cree que sí: que esas cuarenta personas representan a muchos 'agravios' del independentismo catalán con el que no queda más remedio que negociar una 'conllevanza'.

Decía Talleyrand que lo excesivo resulta irrelevante. Y seguramente irrelevantes parecen los excesos verbales con los que los contendientes políticos de las dos Españas tratan de descalificarse.

Ya sabíamos, por el viejo refranero, que "dos que se acuestan en el mismo colchón se vuelven de la misma condición". Y ha habido tantas siestas, tantos días y tantas noches, en las que Pedro I, El Mentiroso, se ha encamado con los comunistas y secesionistas, que el PSOE ya actúa con un estalinismo de libro.

Dijo Alberto Núñez Feijoo en la celebración del aniversario de la Constitución que él podrá y procurará entenderse con "el nuevo PSOE", es decir, el que se perfile tras la salida de Pedro Sánchez de la secretaría general, por más que nadie sea capaz de adivinar siquiera en estos momentos quién sería el sucesor del actual inquilino de La Moncloa.

A fuerza de asistir a las contorsiones del lenguaje para justificar lo injustificable, parece que a nadie le sorprende ya escuchar al presidente del Gobierno defendiendo la idea de que la derogación del delito de sedición puede encajar en una supuesta agenda de "pacificación" de Cataluña, de la que ya fueron hitos destacados los indultos a los separatistas condenados por el Tribunal Supremo.

Uno lleva ya muchos aniversarios de la Constitución a cuestas. Algunos de ellos han coincidido con fechas preelectorales --no es difícil en España--. Nada es nuevo: ni la tensión, ni las versiones edulcoradas del Gobierno, ni las acusaciones y el 'no a todo' de la oposición.

La banca española, dicho así en genérico, no tiene buena fama. Ya se encargaron los socialistas en la era Zapatero con la ayuda de Podemos de ponerla en la picota. Aún hoy, muchos españoles creen que Rajoy salvó a la banca en vez de a los ciudadanos en la crisis financiera.

Mal momento ha elegido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para sostener públicamente que España está atravesando por "el peor momento institucional vivido desde la Constitución de 1978".

Hace unos días tuve la oportunidad de moderar el debate anual que anualmente organiza el Foro por la Convivencia del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. El tema era "el respeto y los valores como herramienta para fortalecer la convivencia en los centros escolares".

Sabido es que el cuatro es el número cabalístico de la política española: cuarenta y cuatro años se cumplen este martes desde que se promulgó la Constitución, firmada por un Rey, Juan Carlos I, que fue jefe del Estado español durante cuarenta años tras los cuarenta de la dictadura franquista.

Nadie podía sentarse, y mira que muchos lo deseaban, en el escaño azul de Pedro Sánchez, acordonado y vetado a la curiosidad o el morbo de los centenares de personas que visitaban el viernes el Congreso de los Diputados en la 'jornada de puertas abiertas' ya tradicional en las fechas previas a la celebración de otro aniversario, el 44, de la Constitución.

El Gobierno de España se ha convertido ya definitivamente en un auténtico gallinero. Si hacemos caso a las sucesivas declaraciones del presidente y nos lo creemos, las elecciones generales serán dentro de un año.

Tiene sentido referirse al Tribunal Constitucional como "Tercera Cámara". Y no por la coincidencia de siglas sino por su carácter abierto al debate y la pluralidad. Nada que ver con el dogma civil de la separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Un día, creo que en Roma, viéndome indeciso ante un pobre de pedir, me dijo Francisco Vázquez -el que fuera embajador ante el Vaticano y tantos años un muy querido alcalde de La Coruña- que él, mientras estuvo al frente de la alcaldía, procuró crear centros de acogida, pero que recomendaba a sus paisanos que no dieran limosnas.

Es evidente que vivimos una crisis política e institucional de dimensiones importantes. En el Ejecutivo, donde se aprecian graves fallos y una descoordinación cercana al caos que hace preciso un urgente golpe de timón.

El jefe del Ejecutivo y todos sus ministros de la rama económica se han encargado durante meses de asegurar a los españoles que nunca en España tendríamos apagones. El suministro está garantizado, nos decían.

Mientras el país se endeuda cada día más, y los niños nacen cada día menos, siempre encontramos entretenimiento, porque nunca falta un ministerio de guardia redactando una ley que supere en disparate a la anterior y provoque divertidos comentarios.

Que en España tenemos grandes problemas que exigen un debate serio, sereno, y un pacto de Estado es indiscutible. Aunque no son esos los que el Gobierno tiene sobre la mesa ni debate el Parlamento.

Esta semana hemos conocido un dato que debería hacer saltar todas las alarmas. La deuda pública ha superado otro récord, los 1,5 billones de euros. A cualquier gobierno le debería poner en guardia, replantearse lo que está haciendo y buscar soluciones.

Doña Araceli Poblador Pacheco era muy forofa de Pedro I, El Mentiroso, y su fervor le llevó a abandonar la enseñanza y ejercer de subdelegada del Gobierno, en Alicante. Ha prohibido una manifestación, recordando el fusilamiento, en Alicante, de José Antonio Primo de Rivera, con un argumento estremecedor, y es que en la manifestación podría haber desórdenes públicos.

Pocas veces como ahora el país ha necesitado más una oposición fuerte pero moderada, insistente y contundente, imaginativa. El caos en el que viven el Ejecutivo, el Judicial y, hasta cierto punto, también el Legislativo hace imprescindible una reacción que no acaba de llegar.