El Prado conmemora el regreso a España de La Marquesa de Santa Cruz

El Museo del Prado recuerda el 40 aniversario de la recuperación en 1986 del cuadro de Goya, cuya salida ilegal de España en 1983 dio lugar a una batalla judicial en Londres.

El Museo del Prado ha presentado este jueves el 40 aniversario del regreso a España de La Marquesa de Santa Cruz, de Goya. La obra regresó al país el 9 de abril de 1986 tras una batalla legal que la pinacoteca considera uno de los ejemplos más importantes en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en España.

El cuadro tiene una historia singular. Franco quiso regalarlo a Hitler en 1941, según consta en una carta del Marqués de Lozoya del 26 de mayo de ese año. El obsequio nunca se materializó, probablemente por el cambio de rumbo de la Segunda Guerra Mundial y las gestiones del General Eisenhower en el norte de África.

Carlos González Navarro, conservador de Pintura del siglo XIX del Prado, explicó durante la presentación que en 1939 las relaciones diplomáticas con Hitler implicaban intercambios artísticos. "En una visita de Heinrich Himmler a Madrid ese mismo año, que convirtió la capital en un espacio completamente nazi, algunos asociaron a una cruz gamada un adorno que aparece en la lira que sujeta la Marquesa, aunque en realidad es un lauburu vasco", señaló.

El lienzo retrata a Joaquina Téllez Girón (1784-1851), reclinada con una lira, presentada por el museo como ejemplo de aristócrata ilustrada. Sus propietarios lo vendieron a un marchante de arte con documentación falsificada y a un precio muy modesto.

La pintura viajó por Zúrich y Los Ángeles, donde fue ofrecida al Museo Getty por 12 millones de dólares. Finalmente fue localizada en Londres, lista para ser subastada por Christie's en abril de 1986.

El Gobierno español, bajo la dirección del entonces ministro de Cultura Javier Solana y con asesoría del abogado Rodrigo Uría, emprendió una batalla legal en la High Court londinense. La nueva Ley de Patrimonio Histórico de 1985 no podía aplicarse retroactivamente, así que el equipo jurídico español recurrió a un precedente de 1861. El juez británico reconoció que el uso de documentos falsificados para la exportación constituía fraude y ordenó la devolución de la obra a España.