Imputado un bufete por contratar a Villarejo para espiar a un despacho rival

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado al bufete Herrero y Asociados por contratar presuntamente los servicios del excomisario José Villarejo para desprestigiar a un despacho de abogados rival, contrayendo así "una importante deuda" de 302.

500 euros.

En un auto, fechado el pasado 2 de septiembre y al que ha tenido acceso Efe, el magistrado imputa a la empresa los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción de los negocios y la emplaza a designar a un representante para que acuda a declarar el 26 de septiembre en el marco de la pieza Iron.

En esta pieza el juez investiga a cuatro exsocios del bufete que presuntamente contrataron en 2013 a Villarejo y a su socio, Rafael Redondo, en busca de "elementos de una posible competencia desleal y de potenciales ataques en seguridad informática" en relación a un despacho rival al que se habían ido miembros de su bufete.

A juicio del magistrado, resulta "manifiesta" que dicha prestación fue "contratada por los órganos con poder decisorio de la empresa y en beneficio de la misma" siendo los administradores del bufete "conocedores" de que Villarejo era policía y podía acceder a información confidencial.

El juez menciona un informe que presuntamente acredita que Herrero y Asociados efectuó pagos al entramado de Villarejo hasta noviembre de 2013 que coinciden con los honorarios pactados por el encargo, e indica que el bufete fraccionó "una importante deuda de 302.500 euros en siete facturas", pagos "que se realizan al margen de la contabilidad de la empresa".

"Se disfraza la realidad de la causa del gasto en cuentas contables que no tienen aparente relación con la realidad de los servicios requeridos" y después se fraccionan los pagos den distintas fechas, "buscando opacidad en la operación y obstaculizando el rastreo".

Era, dice el juez, "mucho más" que un mero contrato de prestación de servicios de detectives pues incluía "la obtención de forma ilegal de informaciones y datos de carácter reservado" (información tributaria, movimientos bancarios, tráfico de llamadas...).

Villarejo, que presuntamente les pidió 625.000 euros por el encargo, les comunicó en las reuniones que contaba con "terceras personas" para obtener dicha información a cambio de compensaciones económicas. Los pagos realizados, añade el juez, "fueron camuflados" a través de empresas vinculadas a Villarejo.

Según el juez, los representantes del bufete que negociaron el contrato sabían y aceptaron que Villarejo era entonces comisario de Policía, que podía conseguir información ilícitamente y que esta requería "sobornos a terceras personas".