El excapellán del colegio Highlands School de El Encinar investigado por presuntos abusos sexuales a alumnas ha declarado ante la jueza que instruye la causa que no realizó “acto alguno peligroso” para las menores y ha vuelto a negar los hechos que le atribuyen siete víctimas.
El padre Marcelino de Andrés, detenido en marzo de 2025, ya compareció entonces ante la magistrada y quedó en libertad provisional con cargos y con la prohibición de acercarse al centro educativo y a las niñas. Su nueva declaración se produce tras la incorporación a la causa de dos denuncias más que se tramitan en el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid. Las denunciantes han ratificado su testimonio en sede judicial.
La comparecencia del investigado apenas se prolongó unos minutos y respondió únicamente a las preguntas de su abogado. Según su versión, en ningún momento se produjo conducta alguna que supusiera riesgo o perjuicio para las menores.
A las puertas de los juzgados, varios padres de antiguos alumnos se concentraron para mostrar su apoyo a las familias denunciantes y reclamar que se esclarezcan los hechos. “Pedimos que se haga justicia”, corearon durante la mañana.
El abogado de varias familias, Nacho Fuster, ha señalado que la causa afecta a alrededor de siete víctimas y que todavía quedan diligencias por practicar, entre ellas testificales y documentales, así como oficios dirigidos al colegio y a otras entidades.
En el sumario constan las declaraciones de las menores, que relataron a sus padres que el sacerdote las llevaba supuestamente a “sitios secretos” donde, según sus testimonios, les introducía la mano por debajo de la ropa interior. La investigación policial se inició a raíz de la denuncia presentada por el padre de una de las niñas por hechos ocurridos entre abril de 2024 y marzo de 2025.
En septiembre, la jueza tomó declaración al exdirector del centro, quien afirmó no tener conocimiento de los presuntos abusos. También comparecieron dos docentes como investigadas después de que una menor manifestara que conocían lo que estaba ocurriendo y no actuaron. Una de ellas sostuvo que se trata de “una denuncia falsa”.
El sacerdote fue apartado de sus funciones cuando trascendieron las denuncias y permanece en libertad provisional con medidas cautelares mientras continúa la instrucción judicial.