El principal acusado, Israel C. R., de 32 años, se enfrenta a una petición de 22 años de prisión por la autoría material del crimen; el segundo procesado, Fernando R. P., de 55 años, afronta dos años y medio por su presunta colaboración en la ocultación del cadáver.
La Audiencia Provincial de Madrid celebrará a partir del próximo 6 de julio el juicio contra dos acusados por la muerte de Francisco de Pablo Páez, conocido como 'Francis', vecino del distrito de Hortaleza cuyo cadáver fue hallado enterrado en una finca de Aldea del Fresno más de dos años después de que su madre denunciara su desaparición. La causa será enjuiciada por un tribunal del jurado.
En el banquillo se sentarán Israel C. R., de 32 años, a quien el fiscal atribuye la autoría material del crimen, y Fernando R. P., de 55 años, acusado de colaborar presuntamente en la ocultación del cuerpo. La Fiscalía solicita penas de 22 años y dos años y medio de prisión respectivamente. El tribunal del jurado deberá determinar si los hechos constituyen un delito de asesinato o de homicidio, además de otros delitos relacionados con la ocultación del cadáver y el encubrimiento.
El caso se remonta a marzo de 2022, cuando Francisco de Pablo desapareció sin dejar rastro. La última vez que fue visto con vida fue el 21 de marzo de ese año en el piso que alquilaba en Hortaleza, tras salir con la intención de resolver un asunto y regresar en aproximadamente una hora. Su madre denunció de inmediato la desaparición y emprendió una intensa búsqueda con asociaciones especializadas. Durante la investigación, la familia trasladó a los agentes que el joven había recibido presuntas amenazas de muerte días antes de desaparecer por un asunto relacionado con drogas.
Tras más de dos años de pesquisas, agentes de la Comisaría de Hortaleza localizaron en junio de 2024 un cadáver enterrado en una finca de Aldea del Fresno con indicios de origen homicida. El hallazgo permitió avanzar en la investigación, que culminó con la detención de seis personas. La causa que llega ahora a juicio se dirige contra dos de los investigados, considerados por la acusación responsables directos de la muerte y de la posterior ocultación del cadáver.
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