Aguirre se desvincula de los contratos del golf del Canal

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha declarado este jueves como testigo en el juicio del "caso Lezo" en la Audiencia Nacional y ha negado haber participado en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II relacionados con una cancha de prácticas de golf en las instalaciones del ente.

Aguirre se ha desmarcado así de las presuntas irregularidades en esas adjudicaciones, que, según las acusaciones, pudieron favorecer a familiares de su sucesor en el cargo, Ignacio González, que se sienta en el banquillo.

Junto a González están acusados Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, y los socios de la empresa TCT, que recibió las adjudicaciones presuntamente fraudulentas: José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Los dos últimos son hermano y cuñado del expresidente regional.

La Fiscalía Anticorrupción reclama para todos ellos seis años de prisión por presuntos delitos de cohecho y una multa de 550.000 euros. En la primera sesión de la vista, celebrada el martes, los acusados negaron los hechos que se les imputan durante el trámite de cuestiones previas.

Una idea surgida en un viaje a Tokio

Aguirre ha admitido que la idea de levantar una cancha de prácticas de golf junto al Canal fue "enteramente" suya, pero ha aclarado que no intervino de ningún modo en la adjudicación de las obras porque, aunque "el Canal era propiedad de la Comunidad de Madrid, la gestión la llevaba el consejo de administración" de la entidad.

Según Anticorrupción, la aprobación y adjudicación directa a Dragados del contrato modificado de las obras se produjo el 19 de julio de 2006, en una reunión del Consejo de Administración del Canal de Isabel II en la que intervinieron González y De Miguel.

La expresidenta ha relatado que el proyecto se le ocurrió tras un viaje a Tokio en 1978, cuando trabajaba como funcionaria del Ministerio de Turismo, en el que le "sorprendió mucho" ver "que había dentro de la ciudad muchos lugares con cancha de prácticas" de golf.

Por ello, le pareció una "buena idea" construir una instalación de ese tipo en el espacio del Canal de Isabel II en el distrito de Chamberí, que "prácticamente no tiene parques ni tiene zonas deportivas, en vez de un helipuerto, que era lo que era".

Aguirre ha asegurado también que González y De Miguel "nunca" le trasladaron detalles de esas obras y ha recordado que con su sucesor ha mantenido "una relación larguísima en el Ayuntamiento de Madrid primero y en el Ministerio de Educación después".

Cuando González, que fue su número dos al frente de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, ingresó en prisión en 2017, Aguirre renunció a sus cargos de portavoz y concejala en el Ayuntamiento de Madrid.

"Yo dimití por responsabilidad política", ha argumentado la expresidenta, que ha explicado que, cuando le comunicaron que "un juez había metido en la cárcel, en prisión provisional", a González, a quien sigue concediendo "la presunción de inocencia", entendió que una medida así contra "un político, se supone que tiene indicios muy fundados para pensar que puede haber cometido irregularidades penales".

Las cifras de la acusación

Anticorrupción sostiene que Dragados subcontrató con TCT trabajos por valor de 3.067.864,83 euros y que esta empresa, que según el Ministerio Público carecía de capacidad técnica para ejecutarlos, obtuvo un beneficio indebido de al menos 504.780 euros con cargo a fondos públicos.

La Fiscalía atribuye además al hermano de Ignacio González el cobro de 101.348 euros en veinte entregas en efectivo entre noviembre de 2006 y marzo de 2008, y al cuñado del expresidente, 94.425 euros en once entregas durante ese mismo periodo.