Los afectados por amianto han criticado este jueves las constantes trabas que les está poniendo Metro de Madrid para pagar las indemnizaciones que les corresponden, han pedido que se haga "justicia" y que los perjudicados puedan pasar lo que les "queda de vida con sus familias".
Los sindicatos de Comisiones Obreras (CCOO) y Solidaridad Obrera han convocado este jueves y mañana viernes una concentración a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla para apoyar a los perjudicados por el amianto y a las viudas de los fallecidos que han sido llamados a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 23.
Este juzgado investiga a siete responsables de Metro a los que la Fiscalía acusa de delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio imprudente y lesiones, al considerar que ocultaron a los empleados la exposición al amianto.
"Yo tendría que estar en mi casa, pasando los años que me quedan de vida con mi familia", ha explicado Santos González Rollán, a quien hasta 2018 no le reconocieron la enfermedad profesional aunque desde 2016 había presentado los informes médicos que le diagnosticaban asbestosis, la enfermedad provocada por la manipulación de amianto.
Santos, que estuvo trabajando para metro hasta el pasado diciembre y que ahora se encuentra de baja y padece depresión, ha admitido que no ha vuelto "a levantar cabeza" desde que supo que padecía esta enfermedad sin tratamiento.
"Que tengamos que llegar a estos términos cuando hemos estado trabajando toda la vida en Metro..." se ha lamentado el trabajador del suburbano antes de entrar al juzgado, donde ha enfatizado: "Yo tendría que estar en mi casa".
Por su parte Eugenia Martín, viuda de Julián Martín, primer fallecido por el amianto de Metro, ha criticado la falta de "solidaridad" de la Comunidad de Madrid y de Metro, quienes "nunca han llamado para interesarse" ni por su marido cuando estaba enfermo "ni después".
Además la viuda ha denunciado las dificultades que según su relato está poniendo Metro, que está "constantemente enviando demandas, oponiéndose a todo y cuestionando la labor de las inspecciones de trabajo y de los médicos".
Eugenia Martín también se ha referido al consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido para denunciar "las contradicciones" que existen entre las declaraciones del político en las que decía que iban a pagar el 50 % de las indemnizaciones y las demandas que ha interpuesto Metro contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para evitar el pago de esa cantidad.
Fuentes de Metro han informado a Efe de que no han interpuesto ninguna demanda contra la viuda y no pretenden quitarle el pago, sino que el objetivo de este otro proceso judicial es establecer la cantidad de prestación que debe pagar Metro y la que debe abonar el INSS.
Estas fuentes han recordado que recientemente Ángel Garrido anunció que se está estudiando cambiar la fórmula actual para pagar la cuantía que determine el baremo.
Mientras tanto el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha confiado en que este proceso judicial llegue hasta los responsables políticos y ha reclamado poner en marcha "un mecanismo de reconocimiento de las familias" para no estarles sometiendo "al calvario de ir de juicio en juicio", ya que esto supone "una segunda pena".
El presidente del comité de empresa de Metro, Francisco Javier del Llano, ha catalogado la situación de los casos de amianto como "pandemia" y ha denunciado que reciben muchas llamadas de trabajadores jubilados del suburbano a los que les están detectando cáncer con posible motivo de exposición al mineral.
A la concentración también han acudido representantes políticos como Mónica García, diputada de MásMadrid en la Asamblea de Madrid, quien ha denunciado la "negligencia" de la Comunidad de Madrid, y Sol Sánchez, diputada regional de Unidas Podemos, quien ha explicado que va a presentar una proposición para saber si "el gobierno de la Comunidad y la derecha" va a seguir haciendo "ir a juicio a la gente que se esta muriendo".