Desmanteladas dos organizaciones criminales que regularizaron a más de 1.000 ciudadanos

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Europol, han desmantelado dos importantes organizaciones criminales y detenido a 69 personas, de las cuales 35 eran integrantes de dichas organizaciones.

Estas redes disponían de una sofisticada infraestructura que les permitió regularizar a más de 1.000 ciudadanos mediante contratos laborales ficticios y empadronamientos fraudulentos, generando beneficios cercanos a los cinco millones de euros.

Operaciones en Toledo, Madrid y Guadalajara

Según el comunicado de la Policía Nacional, las organizaciones operaban principalmente en las provincias de Toledo, Madrid y Guadalajara. Contaban con la colaboración de gestorías y despachos de abogados para gestionar la documentación necesaria para obtener tarjetas de residencia de forma indebida. Por cada persona extranjera, cobraban entre 500 y 1.000 euros.

Fases de la investigación

La investigación se llevó a cabo en dos fases. En la primera fase, se detuvieron a 35 personas en Toledo (15), Madrid (12), Guadalajara (7) y Palencia (1) por delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental. En la segunda fase, se detuvo a 34 personas en Madrid (18), Barcelona (3), Palma de Mallorca (3), Valencia (2), Alicante (1), Tarragona (1), Sevilla (1), Córdoba (1), San Sebastián (1), Coruña (1), Logroño (1) y Toledo (1) por falsedad documental.

Registro e incautación de bienes

La Policía Nacional llevó a cabo cinco registros: dos en Toledo, dos en Madrid y uno en Guadalajara. Se incautaron siete vehículos de alta gama, 80.000 euros en efectivo, ocho teléfonos móviles y documentación relacionada con la investigación.

Estructura y modus operandi

Los principales responsables de estas redes criminales contactaban con los clientes y determinaban las tarifas. Contaban con una amplia red de colaboradores que facilitaba la infraestructura necesaria, ofreciendo contratos laborales ficticios y empadronamientos en domicilios donde los extranjeros nunca residían. Además, instruían a los extranjeros para las entrevistas durante el proceso de solicitud de arraigo.

Colaboración con despachos de abogados

Las organizaciones también colaboraban con despachos de abogados, que recibían entre 500 y 1.000 euros por cada persona a la que ayudaban a regularizar su situación. Proporcionaban documentación falsa a ciudadanos chinos que pretendían obtener visados tipo D mediante negocios ficticios y gestionaban matrimonios de conveniencia para facilitar la obtención de residencia o nacionalidad, cobrando entre 3.000 y 20.000 euros dependiendo del método utilizado.