Desahucian a Maricarmen de la vivienda en la que residía desde hace 70 años

Cientos de ciudadanos acudieron a Retiro para arropar a la vecina mientras la comisión judicial ejecutaba el cuarto lanzamiento de la mujer, de 87 años.

La comisión judicial ejecutó este miércoles el desahucio de Maricarmen, vecina del distrito de Retiro que llevaba 70 años viviendo en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. Sanitarios del Samur sacaron a la mujer, de 87 años, del edificio en camilla entre gritos de "no estás sola" y "asesinos" por parte de los concentrados en la calle. Después fue trasladada en ambulancia desde el lugar.

Cientos de vecinos y activistas habían permanecido durante las últimas horas frente al inmueble, pasando la noche al raso para intentar frenar este cuarto intento de lanzamiento. Entre quienes acudieron a la vigilia estuvieron Ana Belén, Ignatius Farray, Rozalén y Marwan. La propia Maricarmen agradeció el gesto a los presentes, a quienes dio las gracias por haber dormido en la calle durante toda la noche para acompañarla.

A lo largo de la mañana, cerca de un centenar de personas seguía en el lugar. Los manifestantes corearon consignas como "Gobierno progresista, hipócrita y rentista", "Para Maricarmen, el ático de Ayuso" o "Podría ser tu madre o tu abuela". La Policía desplegó un perímetro de seguridad con decenas de agentes, cerca de una decena de vehículos y efectivos del Samur Social.

En un primer momento, los agentes impidieron el acceso de los medios al interior del cordón. Fuentes del Ministerio del Interior explicaron que, ante la concentración de personas, se había priorizado la seguridad de todos, incluida la prensa, y que el jefe superior de Policía trasladó al mando del dispositivo que los periodistas pudieran trabajar dentro del perímetro. La Delegación del Gobierno se desmarcó del operativo y señaló que la Policía actuó bajo mandato de la comisión judicial.

La comisión judicial llegó a las 9.30 horas. Durante las horas siguientes se alternaron momentos de tensión y empujones con periodos de calma tensa, hasta que se produjeron cargas policiales. Los agentes retiraron a quienes permanecían sentados pacíficamente en el portal y después forzaron la puerta de entrada para acceder al inmueble, donde aguardaban activistas del Sindicato de Inquilinas.

La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, explicó ante los medios que estuvieron cerca de una hora negociando con la comisión judicial y la propiedad, pero que se habían "negado a suspender por ninguno de los motivos alegados". Señaló que se expusieron "razones humanitarias" y que la propiedad rechazó la oferta de una donante anónima para cubrir el alquiler. También pidieron, sin éxito, que Maricarmen dispusiera de un mes o 15 días para recoger sus pertenencias: "Ni siquiera quieren dejarle un tiempo mínimo para sacar sus cosas más personales", añadió la letrada.

El Sindicato de Inquilinas denunció en redes sociales que la propiedad se había negado a aceptar la oferta de alquiler que habría permitido a Maricarmen quedarse en su casa. "Quieren echar de su casa a una mujer de 87 años pese a existir una solución sobre la mesa", criticó la organización.

El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los referentes de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. Su padre firmó en 1956 el contrato de arrendamiento del domicilio. Tras su fallecimiento, el contrato se subrogó primero en su esposa y después en su hija. Maricarmen mantuvo durante casi dos décadas las condiciones de ese contrato de renta antigua, con una mensualidad actualizada conforme al IPC.

La mujer, con una discapacidad reconocida del 50%, obtuvo sentencia favorable en primera instancia, pero el Tribunal Supremo falló a favor del inversor. Este era su cuarto intento de desahucio desde que la propiedad del edificio pasó en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos que la apoyan, intentó elevar su alquiler un 275%.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, recordó que el Gobierno ha llevado al Parlamento en tres ocasiones durante el último año una propuesta para prohibir los desahucios, rechazada en todas ellas por la mayoría de la Cámara. Urgió a los grupos parlamentarios a aprobar cuanto antes una nueva propuesta presentada desde julio para "paralizar para siempre los desahucios".

El Ministerio había criticado previamente a la Comunidad de Madrid por no haber ofrecido un complemento de rentas para asumir el alquiler, y al Ayuntamiento por no haberse pronunciado sobre la vulnerabilidad de Maricarmen "pese a tener desde hace meses una solicitud sobre la mesa". Fuentes municipales rechazaron estas acusaciones y aseguraron que los servicios sociales emitieron el informe de vulnerabilidad en octubre de 2025, a petición del juzgado. El Consistorio sostiene que Maricarmen es usuaria de distintas prestaciones municipales, entre ellas el servicio de ayuda a domicilio, y que se le ofrecieron diversos recursos de alojamiento que ella rechazó.