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Las comunidades aceptan el reparto del Plan Estatal de Vivienda
Las autonomías recibirán los fondos en los próximos meses y podrán iniciar las actuaciones durante el segundo semestre del año.
Todos los gobiernos autonómicos han aprobado este jueves, en la conferencia sectorial de vivienda, la distribución de fondos del Plan Estatal de Vivienda. El acuerdo permitirá que las comunidades reciban los importes en los próximos meses y comiencen las actuaciones durante el segundo semestre del año.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha confirmado el pacto tras la reunión sectorial, que ha concluido con unanimidad que Isabel Rodríguez ya preveía después de las declaraciones de los representantes autonómicos.
Desde el departamento ministerial consideran que el plan constituye un acuerdo "importante" tanto por su contenido como "por el poderoso mensaje que lanza a la ciudadanía", al entender que distintas administraciones han optado por "remar juntas" en materia de vivienda.
Antes de participar en la conferencia sectorial, Rodríguez afirmó ante los medios que el acuerdo representa una buena noticia "sobre todo para la ciudadanía", y que espera medidas "eficaces que den certezas y seguridad a lo que hoy es su principal inquietud".
"Han sido muchos meses de trabajo, de diálogo", señaló la ministra, quien destacó la participación de las administraciones públicas, de la sociedad y de los agentes del sector, además de la recepción de hasta 400 propuestas de entidades sociales.
La responsable de Vivienda subrayó que el plan pactado reserva el 40% del presupuesto a incrementar la oferta de vivienda protegida permanente, un planteamiento que, a su juicio, demuestra que "cuando se quiere y se trabaja en él" se pueden alcanzar acuerdos entre administraciones diferentes.
Rodríguez descartó que la asignación de fondos pueda verse alterada por los distintos procesos electorales celebrados o por un hipotético adelanto electoral en el Gobierno central. Conforme al planteamiento expuesto, las comunidades que acepten el acuerdo este jueves podrían recibir los importes en julio.
El Ministerio espera que el pacto "marque un punto de inflexión" para que las autonomías "colaboren de forma leal con el Ministerio de Vivienda" en la aplicación de las medidas de la Ley de Vivienda orientadas a bajar los precios del alquiler y "frenar la especulación".
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 cuenta con una dotación de hasta 7.000 millones de euros, triplica la cuantía del anterior y establece la protección permanente de las viviendas públicas financiadas con estos recursos.
La propuesta ministerial mantiene los criterios de reparto del plan estatal precedente. Además del 40% destinado a vivienda protegida, asigna otro 30% a la rehabilitación del parque residencial existente mediante ayudas específicas y reserva el 30% restante a emancipación juvenil, reducción de la tasa de esfuerzo financiero e intervención en zonas tensionadas.
El plan incorpora también el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de modo que los inmuebles adquiridos o promovidos con cargo a estos fondos mantendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.
En cuanto a la financiación prevista, el Estado asumirá el 60% de la inversión y las comunidades autónomas aportarán el 40% restante, un esfuerzo superior al de los planes anteriores, en los que las autonomías sufragaban el 25% del presupuesto y el Estado el resto.
Protección de la vivienda pública
El nuevo plan se enmarca bajo el "paraguas" de la Ley por el Derecho a la Vivienda y persigue tres objetivos principales: construir, rehabilitar y proteger.
Para ello, el Gobierno blinda la vivienda pública y protegida con el fin de impedir la especulación, condiciona la financiación a que los inmuebles respondan siempre al interés general, incorpora una cláusula antifraude en las adjudicaciones y prevé ofrecer datos públicos sobre el mercado de la vivienda para que no procedan de "portales privados con intereses privado".
El Consejo Asesor de Vivienda evaluará cada año el grado de cumplimiento del plan, dentro de un esquema de gobernanza participativa previsto para el seguimiento de las medidas.
Según indicó Isabel Rodríguez, el plan desarrollará también una labor fiscalizadora sobre todas las administraciones, con el objetivo de que el Ejecutivo central no pierda el control sobre las viviendas financiadas con dinero público, a través de canales de transparencia y mecanismos de acción semestral para realizar el seguimiento.
Reparto por comunidades autónomas
Andalucía figura como la comunidad con mayor dotación en términos absolutos, con 1.197 millones de euros, lo que representa 877 millones más que en el plan anterior. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones y un aumento de 815 millones, y Cataluña, con 1.015 millones y 473 millones adicionales.
Castilla y León contará con 378 millones de euros, tras incorporar 277 millones más, mientras que Canarias dispondrá de 371 millones, con un incremento de 272 millones. Galicia recibirá 399 millones, 293 millones más, y Castilla-La Mancha alcanzará 280 millones, con 205 millones adicionales.
A la Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones de euros, 558 millones más que en el plan previo. Aragón recibirá 266 millones, con un aumento de 195 millones; Islas Baleares, 168 millones, con 123 millones adicionales; y Asturias, 231 millones, 175 millones más.
La Región de Murcia dispondrá de 308 millones de euros, lo que supone 258 millones adicionales. Cantabria recibirá 133 millones, con 98 millones más; Extremadura contará con 210 millones, 154 millones adicionales; y La Rioja tendrá 266 millones, con un incremento de 195 millones.
En cuanto a las ciudades autónomas, Ceuta contará con 7 millones de euros, tras Sumar 4,7 millones respecto al periodo anterior, mientras que Melilla recibirá también 7 millones, con un aumento de 2,8 millones.
