La Delegación del Gobierno se desmarca del desahucio de Maricarmen

La Delegación del Gobierno en Madrid se desmarca del dispositivo policial en el desahucio de Maricarmen, aunque reconoce la obligación de la Policía de cumplir el mandato judicial.

La Delegación del Gobierno en Madrid se ha desmarcado este miércoles del dispositivo policial a las puertas de la vivienda de Maricarmen, la vecina de 87 años de Retiro a la espera de ser desahuciada, aludiendo a que la Policía Nacional actúa bajo mandato de la comisión judicial competente.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han aclarado que la institución no dirige el dispositivo policial en las inmediaciones del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, al tiempo que se ha declarado en contra del desahucio. Sin embargo, estas mismas fuentes han diferenciado esta posición de la "obligación" de la Policía de atender el requerimiento judicial y que se pueda desarrollar "en condiciones de seguridad".

Las decisiones sobre el perímetro y las condiciones de acceso al mismo dependen de los responsables policiales bajo "mandato judicial". En un primer momento se estableció un perímetro de seguridad en el entorno del inmueble al que ni siquiera pudieron acceder los medios de comunicación ante la llegada de la comisión judicial, encargada de ejecutar el desalojo. Fuentes del Ministerio del Interior han incidido en que la Policía Nacional se ha limitado a "cumplir con el mandato judicial".

Más tarde sí se delimitó una zona para que los periodistas puedan trabajar, aunque todavía se mantiene delimitada la zona donde trabaja la comisión judicial y que no es accesible para los periodistas. Por tanto, existe una zona habilitada para la prensa, pero que guarda distancia con la zona en la que trabaja la comisión.

Desde la Delegación del Gobierno en Madrid han aclarado que la imposibilidad de que los medios de comunicación accedan al interior del perímetro responde "exclusivamente a razones operativas y de seguridad determinadas por la Policía Nacional", incidiendo en que la institución no ha dado "ninguna instrucción" para impedir o dificultar la cobertura informativa. "Al contrario, la Delegación del Gobierno ha pedido a la Policía Nacional que debe velar también por la seguridad de los periodistas, cámaras, fotógrafos y demás profesionales de la información que están cubriendo los acontecimientos y garantizar la libertad de prensa en estos acontecimientos", han rematado las citadas fuentes.