Mónica García amenaza con llevar a los tribunales a Madrid por proteger la objeción de conciencia

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido que llevará a los tribunales a la Comunidad de Madrid si en el plazo de un mes no aplica el registro de objetores de conciencia en materia de aborto. Una medida que ha presentado como cumplimiento legal pero que, en realidad, pone en entredicho el derecho fundamental a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

En declaraciones realizadas antes de participar en un foro sobre la profesión médica organizado por EuropaPress y Hospiten, García ha acusado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de desobedecer la ley. “Si en un mes no se aplica ese registro de objetores iremos a los tribunales”, ha asegurado, anunciando una posible vía de contencioso administrativo.

La ministra, que ha hecho de este asunto una bandera ideológica, ha insistido en que Ayuso se ha sumergido en “un charco absolutamente innecesario” al rechazar un registro que, según García, no estigmatiza a los objetores al ser anónimo. Sin embargo, desde diversos sectores médicos y jurídicos se ha advertido de que este tipo de registros puede suponer una presión indebida sobre quienes ejercen su derecho individual a no practicar abortos por motivos de conciencia.

García ha insistido en comparar la situación con el registro de objeción a la eutanasia, que ya funciona en la Comunidad de Madrid. Para la ministra, el Partido Popular “tiene que escuchar a la sociedad”, al tiempo que ha acusado a Ayuso de haber “recogido cable”, pese a sus “boutades” habituales, como si el cumplimiento de la ley se redujera a una cuestión de discursos y no de derechos fundamentales.