El Defensor del Paciente pide que se investiguen los recortes en los servicios públicos

La asociación El Defensor del Paciente ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional solicitando una investigación sobre los recortes en servicios públicos esenciales por parte del Gobierno regional, que habrían afectado a la sanidad, educación y asuntos sociales según ha denunciado recientemente Más Madrid.

En la misiva, dirigida al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, la asociación pide que se investigue "al gobierno autonómico en la Comunidad de Madrid, como persona jurídica, y a su presidenta y máxima responsable, Isabel Díaz Ayuso, por hechos relacionados con presuntos recortes encubiertos e injustificados de 145 millones euros".

Estos recortes "afectan a la sanidad, educación y servicios sociales como violencia machista o atención a los mayores" en la Comunidad de Madrid, continúa la carta de la presidenta de la asociación, Carmen Flores.

Ello supone una merma en "derechos fundamentales de los ciudadanos en España y en Unión Europea que consideramos una dilapidación de fondos públicos que menoscaban a la población más vulnerable en la financiación pública de derechos esenciales, socialmente irrenunciables, como sanidad, educación y servicios sociales".

Además, "entendemos como ilegal, recortes presupuestarios ya aprobados" que afectan a derechos "constitucionales , adquiridos y garantizados por la legislacion española y de la Unión Europea, mientras que, paralelamente, con dinero público, se refuerzan y potencian iniciativas asistenciales privadas en áreas asistenciales recortadas", añade la carta.

Para Carmen Flores, estos hechos "constituyen una presunta malversación de fondos públicos a los ciudadanos destinatarios, en beneficio a una supuesta privatización encubierta de servicios públicos esenciales, a través de una traslación progresiva e irreversible de servicios públicos en beneficio a una privatización paulatina y encubierta de estos", concluye.