
La Comunidad de Madrid admite que no puede garantizar interrupciones voluntarias del embarazo en algunos hospitales públicos por la objeción de conciencia del personal sanitario.
La Comunidad de Madrid ha señalado que "no se puede asegurar" el derecho al aborto en algunos hospitales públicos madrileños y ha justificado el recurso a la contratación de clínicas privadas para la realización de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) ante la "imposibilidad" del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de asumir la totalidad de los procedimientos.
El Gobierno regional ha publicado en el portal de contratación un acuerdo marco para servicios sanitarios de IVE en el Hospital Universitario El Escorial. En el documento se señala que en algunos hospitales públicos de la región "no se puede asegurar" la realización de abortos, entre otros motivos, "por el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario".
"Por ello, es necesario recurrir a la contratación de centros acreditados externos para garantizar el acceso efectivo a la IVE a todas las mujeres con derecho a la atención sanitaria pública en la Comunidad de Madrid, en concordancia con los principios de equidad y garantía de derechos establecidos por la legislación vigente", se apunta en el documento.
Según recoge, "ante la imposibilidad actual de asumir estos procedimientos en su totalidad" desde el Sermas, "se plantea la necesidad de contratar la prestación de este servicio público con entidades privadas que ya cuentan con experiencia en la realización de la IVE, con el objetivo de cubrir las necesidades de las pacientes del Servicio Madrileño de Salud".
Desde la Consejería de Sanidad han subrayado que en cualquier hospital público de la región "puede darse esta prestación" y que el Sermas "garantiza la prestación" e igualmente "la absoluta libertad y derecho de que el médico pueda objetar".
Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, correspondientes al año 2024, en la Comunidad de Madrid se realizaron 18.149 abortos voluntarios, casi la práctica totalidad de ellos en centros privados. De este total, 18.063 fueron en centros privados, el 99,53%: 6.432 en centros hospitalarios y 11.631 en extrahospitalarios.
Por el contrario, únicamente 86 se realizaron en centros públicos, el 0,47% del total. De ellos, 85 fueron en hospitales y uno en un centro no hospitalario.
Tras conocerse esta información, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado al Ejecutivo autonómico de estar "incumpliendo la ley a sabiendas" al negar a las mujeres la libertad de elección para abortar en la sanidad pública. La también líder de Más Madrid ha reclamado al Gobierno regional la elaboración del registro de objetores de conciencia y que se garantice la prestación del aborto "en todos sus hospitales públicos".
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