Los sindicatos denuncian servicios mínimos abusivos en la huelga médica

Los sindicatos denuncian servicios mínimos abusivos en la huelga médica
Sanidad Madrid · · Actualizada · 1 min de lectura

El departamento liderado por Fátima Matute detalla el perjuicio asistencial acumulado tras 29 jornadas de paros del sector facultativo madrileño.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid estima un impacto económico negativo de 18.075.734 euros derivado de la huelga de médicos.

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El conflicto laboral, iniciado en diciembre en torno al Estatuto Marco, ha provocado la suspensión de 11.484 intervenciones quirúrgicas en la región. El perjuicio asistencial incluye además la cancelación de 236.259 consultas médicas y 25.497 pruebas diagnósticas en el sistema sanitario público.

Fátima Matute, titular de la cartera sanitaria, dirige el recuento de los datos operativos durante las 29 jornadas de huelga. El registro refleja el alcance del paro en la actividad asistencial hospitalaria y ambulatoria.

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¿Qué organismos convocan la huelga médica nacional?

Más de 175.000 profesionales de toda España están llamados a la movilización. La convocatoria cuenta con el respaldo de organizaciones principales como la Confederación Española de Sindicatos Médicos y diversos sindicatos autonómicos.

Una huelga es una interrupción colectiva de la actividad laboral para exigir mejoras profesionales o cambios en la regulación normativa del sector.

En el ámbito madrileño, el Comité de Huelga agrupa a sindicatos como Amyts, SIME, MUD y AME. Esta protesta afecta a facultativos de Atención Primaria, Hospitalaria y a los profesionales en formación MIR.

El alcance del conflicto en la red asistencial del Sermas

La huelga alcanza a los centros vinculados al Sermas. Los hospitales integrados en la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla y centros como Alcorcón o Fuenlabrada reportan las mayores afectaciones operativas.

Los sindicatos médicos han denunciado ante las autoridades laborales que la fijación de los servicios mínimos resulta abusiva. El enfrentamiento entre el comité y la administración regional mantiene la tensión en la gestión del calendario de paros.

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