Ayuso carga contra la Ley estatal de Vivienda: "Es lesiva para las competencias autonómicas"

La Presidenta del Gobierno regional , Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido nuevamente este martes contra la Ley estatal de Vivienda, calificándola de "lesiva para las competencias autonómicas" e imponiendo "un modelo de gestión que no ha sido refrendado por los ciudadanos en las urnas".

Durante la II Jornada de Vivienda y Energía, organizada por Madridiario en el Hotel Palace, Ayuso afirmó que en los lugares donde "se ha aplicado sin límites ha conseguido efectos devastadores", mencionando que "ha multiplicado la okupación" y "ha hundido la oferta del alquiler", provocando así un aumento en "los precios".

Crítica a las políticas intervencionistas

En el mismo acto, se conoció que el Tribunal Constitucional había avalado la mayor parte de la Ley de Vivienda. Ayuso aprovechó para cargar contra las políticas "intervencionistas" y "arbitrarias" que, según ella, "van contra el mercado, que bajo evidentes criterios de regulación tiene que ser libre". La presidenta madrileña argumentó que "limitar los precios, intervenir la vivienda de los particulares y poner trabas al emprendimiento, a la compra, el alquiler o cualquier otra acción libre que nace de manera voluntaria del ciudadano y de la empresa siempre contrae consecuencias nefastas que debemos evitar, al menos desde este motor económico que es Madrid".

Ayuso defendió que las medidas deben "promover el incentivo, la creatividad, el crecimiento" y "la atracción de inversiones", subrayando la necesidad de evitar restricciones que afecten negativamente al mercado.

Resolución del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado este martes la mayor parte de la Ley de Vivienda tras estudiar el recurso presentado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra varios artículos de la norma. La ley permite imponer nuevos límites a la subida del precio del alquiler en zonas tensionadas. La mayoría progresista del Pleno ha estimado parcialmente el recurso del Ejecutivo andaluz, declarando inconstitucionales y nulos únicamente dos apartados: el artículo 16, que establece los principios que rigen la vivienda protegida, y parte del artículo 19.3, relativo a la colaboración y suministro de información de los grandes tenedores en zonas de mercado residencial tensionado.

La resolución, redactada por la magistrada María Luisa Segoviano, es la primera en abordar este asunto y marcará el camino para futuras revisiones, ya que también han recurrido la ley el Govern de Baleares, la Comunidad de Madrid, el País Vasco, la Generalitat de Cataluña, la Xunta de Galicia, el Parlament catalán y los diputados del PP en el Congreso.