
Más Madrid y PSOE solicitan personarse como acusación popular en la investigación abierta por presunta irregularidad en la compra del inmueble por parte de la Comunidad de Madrid.
Más Madrid y el PSOE han solicitado personarse como acusación popular en la investigación abierta por un juzgado de Madrid sobre la compra de un ático en el distrito de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid. La causa arrancó tras una denuncia presentada por Iustitia Europa y la Fiscalía de Madrid.
Según el escrito presentado por Más Madrid ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 8, la formación reclama participar en el procedimiento para ejercer la acusación popular. En el documento, sostiene que, de confirmarse los hechos denunciados, la operación podría haber supuesto un comportamiento "delictivo e inadmisible" por parte de la Administración.
Más Madrid pone el foco en la adquisición ejecutada por Planifica Madrid y reclama que se investiguen tanto los actos previos como los posteriores que hicieron posible la compra del inmueble.
La formación afirma que existen "indicios" de que la operación se llevó a cabo sin respetar el procedimiento legalmente establecido y califica de "opaca" la forma en que se desarrolló. Cuestiona además que haya acreditación del interés público que justifique la adquisición y señala que la compra se realizó "por orden de un órgano político".
Con base en estos hechos, Más Madrid apunta a posibles indicios de varios delitos: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos en su modalidad de administración desleal, fraude a la Administración y administración desleal del patrimonio público.
El PSOE centra sus dudas en cómo se ejecutó la operación y para qué se adquirió el inmueble. Según el partido, Planifica Madrid compró el ático el 14 de abril de 2026 por unos 6,3 millones de euros, en una operación que "no aparece en el presupuesto de la empresa ni en su portal de transparencia".
Los socialistas sostienen que la fórmula empleada permitió eludir controles propios de una adquisición directa por la Administración, como determinados informes, publicidad, concurrencia, fiscalización y comunicación a la Asamblea. También cuestionan la justificación oficial de que el ático fuera a usarse como oficina temporal de Presidencia durante las obras de la Real Casa de Correos, dado que la normativa urbanística solo permite en ese inmueble el uso residencial.
El PSOE plantea como hipótesis que el inmueble pudiera haber tenido un destino residencial vinculado a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Para sostenerlo, relaciona esta posibilidad con la venta de la vivienda privada de la presidenta y otro inmueble de su pareja, así como con la coincidencia temporal entre esas operaciones y la compra del ático público.
El secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, informó en un tuit de que su partido se persona como "acusación en la causa por la compra del ático de lujo". "Que se investiguen hasta el final las posibles irregularidades y el uso de dinero público para financiar su último capricho personal. Los madrileños merecen respuestas", señaló.
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