Dávila defiende el Plan 40-40 frente para las residencias

La consejera de Familia subraya que Madrid es la única región con tres centros especializados en Alzheimer, mientras el PSOE acusa al Gobierno de discriminación.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, defendió este martes el Plan 40-40 de colaboración público-privada en materia de residencias y rechazó las críticas del PSOE contra este modelo.

En su intervención en el Pleno de la Asamblea, Dávila reprochó a los socialistas su oposición al plan señalando que el propio Gobierno de Salvador Illa en Cataluña ha planteado una fórmula de colaboración similar con el sector privado.

La consejera defendió que la atención a personas dependientes no consiste en "elegir entre discapacidad o envejecimiento", sino en "atender a la persona en su conjunto" de la mejor forma posible, y que esa forma es la colaboración público-privada. Gracias a este modelo, la Comunidad de Madrid dispone de una red que garantiza la "atención más profesional y la atención más individualizada".

"Todas las personas que son atendidas en la red son, además, evaluadas por los mejores profesionales de forma permanente, según sus necesidades y su evolución", subrayó Dávila.

Tres centros especializados en Alzheimer

Dávila destacó que la Comunidad de Madrid es la única región del país con tres centros dedicados en exclusiva a la atención especializada de personas con Alzheimer y otras demencias. Anunció además que trabaja en "nuevos perfiles" para ampliar el Plan 40-40 a "más" servicios.

Acusaciones del PSOE

La consejera respondió así a la pregunta de la diputada socialista Emilia Sánchez Prieto, que cuestionó qué atención presta la Comunidad de Madrid a las personas mayores de 65 años y con discapacidad. El PSOE acusó al Gobierno regional de "discriminar" a mujeres, educadoras infantiles, mayores en residencias y personas vulnerables, con alusión expresa al caso de Maricarmen Abascal.

Sánchez Prieto citó también una reciente sentencia judicial que "declara vulnerado el derecho a la Igualdad" y obliga a la Consejería a realizar una nueva valoración individualizada, además de abonar 10.000 euros por daños morales a una mujer con discapacidad intelectual en situación de vulnerabilidad.