Martínez-Almeida critica la nueva tasa de basuras impuesta por el Gobierno

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este lunes la tasa de basuras que el Gobierno ha obligado a los ayuntamientos a implementar, calificándola como un "sanchazo" debido a su origen en una ley promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. A pesar de no estar de acuerdo, el Ayuntamiento de Madrid se ve obligado a aplicar la medida antes de que finalice el año, dado que la normativa impone esta obligación legal.

En declaraciones ofrecidas desde el Mercado de San Cristóbal, Martínez-Almeida ha explicado que esta tasa no proviene de una directiva europea, como se ha señalado, sino que se deriva de la legislación aprobada a nivel nacional. Además, ha lamentado que la medida se haya impuesto sin un diálogo previo ni consenso con los ayuntamientos, lo que a su juicio genera una "notable inseguridad jurídica" al no estar suficientemente desarrollada en la normativa estatal.

El alcalde ha manifestado su preocupación por las consecuencias de esta nueva tasa, tanto para las administraciones locales como para los ciudadanos. Según ha señalado, supondrá una carga adicional para los habitantes de la ciudad, a pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento para mitigar su impacto. A este respecto, ha subrayado que la corporación municipal está trabajando en la implementación de la tasa, que será obligatoria antes de que acabe el año.

Martínez-Almeida ha querido tranquilizar a los madrileños asegurando que, a pesar de este nuevo impuesto, los ciudadanos pagarán menos en conjunto que en 2019 gracias a las rebajas fiscales impulsadas por el Ayuntamiento. Según el alcalde, estas reducciones compensarán en gran medida el efecto de la tasa de basuras, manteniendo una presión fiscal menor en 2025 en comparación con 2019.

"Las reducciones de impuestos llevadas a cabo por este equipo de Gobierno permiten que, incluso con esta nueva tasa, los madrileños paguen menos que hace cuatro años", ha afirmado el regidor. Además, ha insistido en que la imposición de este gravamen no es una decisión municipal, sino una obligación derivada de la normativa impulsada por el Gobierno de Sánchez.