Madrid se suma a ocho comunidades para rechazar las restricciones del Gobierno a la caza de la codorniz

La Comunidad de Madrid se ha sumado a otras ocho autonomías para expresar su rechazo a la intención del Gobierno central de asumir la recomendación de la Comisión Europea que plantea restringir la caza de la codorniz común. Los ejecutivos regionales consideran que la propuesta se basa en criterios poco claros desde el punto de vista científico y advierten de su impacto sobre el mundo rural y la actividad cinegética.

La postura conjunta se ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mediante una carta impulsada por la Junta de Extremadura y firmada por los responsables autonómicos del área en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia.

Las comunidades piden al ministerio que reconsidere su posición y que elimine o revise aquellas medidas que puedan traducirse en restricciones automáticas, homogéneas o desproporcionadas sobre la caza, así como sobre la capacidad de gestión que corresponde a los gobiernos autonómicos.

Madrid se suma a la defensa de la gestión autonómica

La Comunidad de Madrid participa en esta iniciativa junto a otras regiones con una fuerte implantación de la actividad cinegética. Los firmantes defienden que la ordenación de especies como la codorniz requiere un enfoque basado en datos científicos, pero también adaptado a las particularidades de cada territorio.

En la carta enviada al Gobierno central, los consejeros consideran improcedente que se dé por hecho un consenso autonómico en torno a las propuestas planteadas por el Ministerio, ya que, según sostienen, ese respaldo generalizado no existe.

Las comunidades alertan además de que las medidas planteadas podrían suponer un incremento de las restricciones sobre la caza, una mayor carga burocrática para cazadores y titulares de cotos, y cambios en las órdenes generales de veda actualmente vigentes en distintos territorios.

Preocupación por nuevas limitaciones

Entre los aspectos que suscitan mayor inquietud se encuentran la posible introducción de mecanismos automáticos de restricción del aprovechamiento cinegético vinculados a variables climatológicas generales, la reducción de jornadas hábiles de caza o la imposición de cupos homogéneos en todo El País.

Los gobiernos autonómicos también cuestionan la implantación acelerada de sistemas de control, reporte y seguimiento que, a su juicio, no han sido suficientemente contrastados desde el punto de vista técnico ni en términos de viabilidad administrativa.

En el documento conjunto se subraya que no resulta razonable aplicar soluciones uniformes a realidades ecológicas y socioeconómicas muy diferentes. Las comunidades advierten de que decisiones adoptadas sin una verdadera concertación institucional podrían acabar trasladando al medio rural las consecuencias de políticas diseñadas lejos del territorio.

Impacto en el medio rural

Las autonomías firmantes defienden que la actividad cinegética sigue teniendo un peso social y económico relevante en muchas zonas rurales y que su regulación debe compatibilizar la conservación de la biodiversidad con el mantenimiento de los usos tradicionales.

En el caso de Extremadura, promotora de la iniciativa, el Ejecutivo regional ha advertido de que la postura del ministerio puede resultar perjudicial para las economías rurales vinculadas a la media veda y para los esfuerzos contra la despoblación.

Las comunidades reiteran en la carta su compromiso con una gestión responsable y sostenible basada en datos, pero reclaman que cualquier decisión sobre la caza de la codorniz tenga en cuenta la realidad territorial y respete el marco competencial de las autonomías.