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La Comunidad pide auditar las macroplantas solares ante posibles irregularidades
La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central una auditoría independiente sobre las Declaraciones de Impacto Ambiental concedidas a proyectos de macroplantas fotovoltaicas, ante lo que considera indicios preocupantes en su tramitación. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha trasladado esta petición en una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.
En el escrito, el Ejecutivo autonómico advierte de la “creciente preocupación” por posibles irregularidades e incluso “graves sospechas de prácticas corruptas” en la concesión de estas autorizaciones, cuya competencia recae en la Administración General del Estado. Madrid reclama que se verifique si estos expedientes se han resuelto con el rigor técnico exigible.
La Comunidad pone el foco en el modo en que se han tramitado estos proyectos, señalando que en algunos casos las declaraciones ambientales se habrían emitido antes de una adecuada planificación territorial. A juicio de Novillo, este modelo resulta inadecuado y debe corregirse para evitar una ocupación desordenada del suelo.
En la región se han aprobado recientemente 53 macroplantas que ocupan cerca de 10.500 hectáreas, una extensión que ha encendido las alarmas en el Gobierno autonómico por sus posibles efectos sobre el territorio y el equilibrio entre desarrollo energético y conservación.
El Ejecutivo madrileño insiste en que la transición energética es necesaria, pero defiende que debe realizarse con equilibrio, respetando tanto el medio ambiente como sectores estratégicos. Entre ellos destaca el agrícola, especialmente vulnerable ante la expansión de grandes instalaciones solares sobre suelos productivos como olivares o viñedos.
Por ello, Madrid solicita un análisis acumulativo urgente que evalúe el impacto conjunto de estas infraestructuras sobre la biodiversidad, el paisaje y las infraestructuras, con el fin de evitar daños irreversibles en el entorno rural.
En paralelo, Novillo plantea una revisión del marco competencial para que las comunidades autónomas puedan asumir la autorización y evaluación ambiental de todas las instalaciones fotovoltaicas, incluidas las de mayor tamaño, actualmente en manos del Estado.
El Gobierno regional defiende que estas macroplantas, que superan las 100 hectáreas, son precisamente las que generan mayores afecciones territoriales, especialmente en una región con una extensión limitada como Madrid.
La Comunidad ha recordado además la puesta en marcha de un Plan de Protección del Paisaje que delimita las zonas aptas para este tipo de instalaciones, restringiéndolas a un máximo del 4% del territorio. El objetivo es preservar tanto la actividad agrícola como el entorno natural de los municipios.
Este plan incluye un mapa de zonificación que orienta la implantación de energías renovables hacia espacios más adecuados, como cubiertas o áreas de baja productividad. Según el Ejecutivo autonómico, este modelo ha permitido multiplicar las instalaciones, pasando de 370 en 2018 a más de 100.000 en 2025, sin comprometer el equilibrio territorial.
