Novillo cuestiona el aval ambiental del Ministerio a más cincuenta macroplantas solares

El consejero madrileño reclama una revisión independiente de las declaraciones de impacto ambiental y una evaluación conjunta del territorio, mientras la oposición le exige pruebas concretas de las sospechas que desliza

Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, cuestionó este jueves en el Pleno regional la rapidez con que el Gobierno central tramitó 53 declaraciones de impacto ambiental para macroplantas fotovoltaicas. Pidió una auditoría independiente de ese proceso y una evaluación acumulativa del territorio que mida el efecto conjunto de estas infraestructuras sobre el paisaje, la biodiversidad, el suelo agrario y la ordenación territorial.

Novillo compareció para explicar por qué el Ejecutivo madrileño solicitó esa auditoría al Gobierno de España. Vinculó su petición al caso Forestalia, una investigación que apunta a posibles irregularidades en autorizaciones de instalaciones energéticas. Según su argumento, esa trama obliga a extremar la vigilancia sobre otros expedientes tramitados desde el Ministerio para la Transición Ecológica.

El consejero sostuvo que existen motivos para la desconfianza: las 53 declaraciones de impacto ambiental fueron estudiadas, tramitadas y emitidas por cargos socialistas vinculados a una etapa bajo sospecha. Desde esa premisa, defendió que resulta plenamente justificado pedir una revisión externa de unas resoluciones que afectan de lleno al modelo energético y al equilibrio territorial de la región.

Novillo advirtió además de "alteraciones" en el orden lógico de la evaluación ambiental para implantar este tipo de infraestructuras. Esa práctica, a su juicio, genera una distorsión en la planificación y en el ordenamiento del territorio. No basta con analizar proyecto por proyecto, insistió: hace falta una visión global que permita entender qué impacto provoca la concentración de grandes plantas en una misma área.

Ese es el núcleo técnico y político de su reproche al Ministerio. Novillo reclamó una evaluación ambiental acumulativa de carácter territorial para las grandes instalaciones fotovoltaicas, con el propósito de examinar de forma conjunta su huella sobre la biodiversidad, el paisaje, el suelo y las infraestructuras. Esa forma de proceder, a su juicio, acercaría a España a los estándares que marca la Unión Europea y evitaría decisiones fragmentadas que acaban desfigurando el territorio sin un análisis global.

La oposición le exigió durante el debate que aportara pruebas concretas de las sospechas que deslizaba sobre la tramitación de esos expedientes. Novillo reiteró que la auditoría independiente que solicita al Gobierno central es el mecanismo adecuado para aclarar si hubo irregularidades en el proceso de aprobación de las 53 declaraciones de impacto ambiental.