
La Plataforma Ecologista Madrileña presenta queja ante el Defensor del Pueblo por negativa de la Comunidad a facilitar datos desagregados sobre incendios forestales.
La Plataforma Ecologista Madrileña ha formalizado una queja ante el Defensor del Pueblo contra la Dirección General de Emergencias de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid por una "opacidad injustificada" a la hora de aportar datos sobre los incendios forestales producidos en la región durante los últimos dos años.
El colectivo, formado por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura, denuncia que el Gobierno regional está "sometiendo" a sus miembros a un "laberinto burocrático que solo puede explicarse por la intención de no facilitar datos desagregados sobre la motivación de las personas incendiarias y los municipios donde se originan los fuegos".
Las anomalías comenzaron en junio de 2025, cuando los ecologistas solicitaron por primera vez a la Dirección General de Emergencias los datos estadísticos completos de la anualidad 2024. Aunque la Administración autonómica entregó los números globales de siniestros y superficies quemadas, eludió indicar las motivaciones de los incendios intencionados y el número de incendios por municipio de origen según su causa.
"La Dirección General se limitó a remitir a los solicitantes al Cuerpo de Agentes Forestales, un organismo que, paradójicamente, depende de su misma estructura jerárquica y no tiene la competencia sobre las estadísticas de incendios forestales que corresponde al Cuerpo de Bomberos", alerta la Plataforma.
Ante la falta de una respuesta sustancial, los ecologistas repitieron la petición en marzo de este año, esta vez referida al año 2025. La contestación fue "idéntica", con una nueva derivación a los Agentes Forestales sin aportar los datos solicitados.
En junio, el colectivo se dirigió a la Jefatura del Servicio de Actuaciones Normativas de la Dirección General de Emergencias, que aseguró que el órgano competente no era la Comunidad de Madrid, sino el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF).
Sin embargo, los ecologistas comprobaron que los datos disponibles en el buscador oficial del Ministerio están actualizados únicamente hasta el año 2023. "Es decir, la Comunidad de Madrid, como órgano generador de la información de 2024 y 2025, derivaba a los solicitantes a una base de datos estatal donde esa información ni siquiera existe todavía", denuncia la Plataforma, acusando al Gobierno regional de incumplir la Ley de Acceso a la información en materia ambiental y la Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
Durante la reunión plenaria del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, celebrada el 10 de julio, la vocal ecologista expuso públicamente el caso ante el viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y el secretario general técnico, quienes se comprometieron a interesarse personalmente por el asunto. No obstante, transcurrido más de un mes, la Plataforma no ha recibido ninguna información ni explicación.
El colectivo subraya que la información reclamada, relativa a las motivaciones de los incendios y su distribución municipal, es "esencial" para diseñar estrategias de prevención efectivas. Estos datos permitirían determinar si existe un patrón en los fuegos intencionados que facilite actuar sobre las causas antes de que se inicien los incendios.
La Plataforma señala que esta información "hasta 2024 se entregaba con total normalidad", sugiriendo un cambio deliberado de política de transparencia por parte de la Administración regional.
La Plataforma Ecologista Madrileña exige a la Consejería "que cumpla con la legalidad y facilite de manera inmediata los datos correspondientes a 2024 y 2025, tal y como se hacía antes de 2024", y advierte de que "derivar a la ciudadanía a portales sin información actualizada constituye una vulneración del derecho de acceso a la información ambiental reconocido en la Ley 27/2006".
Con esta queja ante el Defensor del Pueblo, el colectivo busca poner fin a lo que ha tachado como una "estrategia de desgaste y ocultación que impide a la sociedad civil conocer el verdadero origen de los incendios que amenazan los espacios naturales de la Comunidad de Madrid".
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