La Comunidad presenta un protocolo de asistencia a los afectados por la 'okupación'
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un nuevo protocolo de actuación para asistir de forma inmediata y gratuita a las víctimas de ocupación ilegal de viviendas, mediante asesoramiento jurídico, atención psicológica especializada y acompañamiento en todo el proceso. La medida ha sido presentada este lunes por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien ha suscrito el acuerdo junto a los decanos de los colegios de abogados y procuradores de Madrid y Alcalá de Henares.
Según ha señalado Díaz Ayuso, en la región existen actualmente más de 9.000 viviendas ocupadas ilegalmente. “Aunque la Comunidad de Madrid no tiene competencias plenas para acabar con esta lacra, no vamos a ponernos de perfil”, ha afirmado, subrayando el compromiso del Gobierno autonómico con los afectados.
El nuevo protocolo garantiza el acceso inmediato al asesoramiento jurídico gratuito a través de los abogados colegiados, para orientar a las víctimas en el inicio de los procedimientos legales correspondientes. También se prevé una atención psicológica individualizada a cargo de la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito de la Comunidad, con especial atención a personas vulnerables, como mayores, familias monoparentales o personas con discapacidad.
Este servicio busca reducir el impacto emocional y psicológico que supone para muchas familias encontrarse privadas de su propiedad o ver alterada la paz de su hogar por la ocupación ilegal.
Además de esta nueva vía de apoyo institucional, la presidenta ha recordado que, hasta la fecha, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha destinado más de dos millones de euros en ayudas directas a arrendadores perjudicados tanto por impagos como por situaciones de ocupación ilegal.
Estas ayudas buscan paliar los perjuicios económicos que sufren propietarios particulares ante la pasividad de un marco legal que, según Ayuso, ampara más al ocupante que al legítimo titular de la vivienda.
