La última etapa de la Vuelta a España, celebrada este domingo en el centro de Madrid, quedó interrumpida por una protesta propalestina que derivó en momentos de tensión y altercados con la Policía. La manifestación, convocada contra la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech, impidió el normal desarrollo del evento deportivo y obligó a su cancelación, afectando a corredores, organización y miles de aficionados.
Fuentes policiales han informado de la detención de dos personas durante los enfrentamientos, así como de 22 agentes heridos durante las cargas efectuadas en las zonas de Cibeles y Alcalá. La jornada se saldó sin daños personales o materiales significativos, aunque sí con escenas de tensión y el levantamiento de barricadas improvisadas por parte de algunos manifestantes.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha ofrecido una declaración institucional para valorar positivamente el desarrollo de la jornada y defender el derecho a la protesta de los manifestantes, a quienes ha calificado como ejemplo de "dignidad". Según Martín, lo ocurrido debe entenderse como un acto de "solidaridad, humanidad y empatía con el sufrimiento del pueblo palestino", destacando que en Madrid no se vive la tragedia que, afirma, se sufre en Palestina.
Martín ha aprovechado su intervención para criticar duramente tanto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a quienes ha acusado de alinearse con el discurso de apoyo a Israel. En particular, ha denunciado que Ayuso "aplaude con ardor la miserable justificación de los ataques israelíes", y les ha instado a ponerse "del lado de la Justicia, la paz y la solidaridad".
Durante las dos etapas de la Vuelta que han transcurrido por la Comunidad de Madrid, el dispositivo de seguridad ha contado con un refuerzo de 1.500 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil. Martín ha agradecido su labor, asegurando que gracias a este operativo se ha garantizado que no se produjeran incidentes graves pese a la multitudinaria afluencia de manifestantes, que cifró en 100.000 personas.
La organización de la Vuelta optó finalmente por suspender la etapa, tras la imposibilidad de garantizar la seguridad del evento en un ambiente alterado por los cortes de recorrido, la retirada de vallas y los enfrentamientos puntuales. La 90 edición de la ronda española finaliza así bajo la sombra de las protestas y con una evidente carga política, con las instituciones divididas ante una manifestación que, lejos de ser neutral, ha contado con el respaldo abierto del Gobierno central y el rechazo de las autoridades autonómicas y municipales.