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El Ayuntamiento de Madrid desmiente a Dvuelta y cifra en 112 millones la recaudación real por multas
El equipo de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida rechaza los datos de la asociación de conductores y aclara que los 273 millones citados corresponden a sanciones impuestas, no a dinero efectivamente ingresado en las arcas municipales.
El Ayuntamiento de Madrid rechazó este lunes las cifras publicadas por Dvuelta, asegurando que la recaudación real por multas de tráfico en 2025 fue de 112,4 millones de euros y no de 273,11 millones. Según el Área de Movilidad, la asociación de defensa del conductor confunde deliberadamente los "derechos reconocidos" (sanciones tramitadas) con el dinero que finalmente entra en tesorería tras los procesos de recursos y pronto pago.
Desde el Palacio de Cibeles explican que la cifra de 273 millones representa la suma total de todas las sanciones impuestas durante el año, una cuantía que siempre supera lo recaudado. En 2025, el presupuesto inicial era de 208 millones. Los derechos reconocidos escalaron hasta 273 millones (un 31% más), pero el ingreso efectivo se quedó en 112,4 millones. Esta cifra supone un incremento del 20,4% respecto a los 93,3 millones recaudados en 2024.
El Gobierno municipal sostiene que estas variaciones entre lo presupuestado y lo finalmente reconocido son "habituales" en la administración local. El Área de Movilidad recuerda que en 2018 la desviación fue mayor: se presupuestaron 136 millones, se reconocieron derechos por 191 millones y solo se recaudaron 83 millones de euros.
Desde el entorno de Martínez-Almeida también han querido incidir en la comparativa histórica para defender su gestión. Según los datos municipales, el récord de sanciones en la última década se produjo en 2017, bajo el mandato de Manuela Carmena, con casi 2,9 millones de multas, frente a las 2,4 millones registradas el pasado año.
El Ayuntamiento atribuye parte del aumento en la cuantía de las sanciones a factores externos. Entre ellos destaca la modificación de la Ley de Seguridad Vial por parte del Gobierno central en 2022, que elevó de 90 a 200 euros las multas por accesos indebidos a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), incrementando automáticamente el valor económico de las infracciones de movilidad en la ciudad.
