Inma Sanz denuncia que el proceso extraordinario impulsado por el Gobierno central está provocando colas y una fuerte presión sobre los servicios municipales, con peticiones masivas en el Palacio de Cibeles para obtener el documento exigido en la tramitación.
El Ayuntamiento de Madrid recibe alrededor de mil solicitudes presenciales diarias de certificados de vulnerabilidad para el proceso extraordinario de regularización de migrantes que impulsa el Gobierno de España. La denuncia la ha hecho este jueves la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras la Junta de Gobierno celebrada en el Palacio de Cibeles. Desde hace días se forman largas colas de personas que intentan obtener este documento, necesario para tramitar su regularización.
A esas peticiones presenciales hay que Sumar las que llegan por vía telemática. El volumen total eleva considerablemente la presión sobre los servicios municipales. Sanz ha criticado que el proceso se ha puesto en marcha sin la planificación adecuada, trasladando a las entidades locales una carga de trabajo extraordinaria que no estaban preparadas para asumir.
El problema no es exclusivo de Madrid. Según la vicealcaldesa, lo que ocurre en la capital se reproduce en otras ciudades españolas como consecuencia de una gestión deficiente desde el inicio por parte del Ejecutivo central. El volumen de solicitudes y la exigencia de documentación están generando un cuello de botella que repercute directamente en la atención al ciudadano.
El certificado de vulnerabilidad se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del proceso de regularización. Ese documento, requerido en determinados supuestos, obliga a muchas personas a acudir a los servicios municipales en busca de una acreditación que les permita avanzar en el expediente. El resultado es una fuerte acumulación de peticiones en muy pocos días y una saturación visible en los puntos de atención.
Las colas en el entorno del Palacio de Cibeles simbolizan ahora el desajuste entre la medida aprobada por el Gobierno y la capacidad real de las administraciones que deben absorber el trámite. Sanz ha subrayado que esta presión no solo afecta a quienes solicitan el certificado, sino también al resto de ciudadanos que necesitan realizar otras gestiones municipales y que se encuentran con servicios más tensionados y tiempos de espera mayores.
Desde el Ayuntamiento se ha puesto de manifiesto que la situación requiere una coordinación urgente con el Ejecutivo central para establecer mecanismos que alivien la carga sobre los servicios municipales. La administración local insiste en que, sin una redistribución de recursos o una modificación del procedimiento, la saturación continuará en los próximos días.