La Junta de Gobierno prorroga los contratos de los cuatro Puntos de Encuentro Familiar y del centro CERPA hasta julio de 2027.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una inversión de 1,7 millones de euros para garantizar la continuidad de dos recursos asistenciales clave dirigidos a familias con menores de edad en situación de ruptura de convivencia y alto grado de conflictividad. Esta decisión, que blinda la financiación de sus principales herramientas de mediación y protección a la infancia en contextos de crisis de pareja, fue anunciada este jueves por la vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
Los fondos públicos se invertirán en sostener la infraestructura de los cuatro Puntos de Encuentro Familiar (PEF) municipales, espacios neutrales y seguros diseñados para que niños y adolescentes puedan relacionarse con sus progenitores de forma protegida. Desde una perspectiva de protección al menor y optimización de los servicios de proximidad, el acceso a estos centros queda restringido exclusivamente a casos que cuenten con derivación expresa de un juzgado o del sistema de protección de menores. En estas instalaciones, equipos multidisciplinares coordinan visitas tuteladas bajo supervisión presencial y permanente de profesionales, estancias supervisadas con control indirecto y regímenes de intercambios vigilados donde la entrega y recogida se monitoriza para evitar enfrentamientos entre los adultos.
La segunda línea de actuación del paquete presupuestario aprobado por el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida se dirigirá al mantenimiento del CERPA (Centro de Apoyo a las Familias en Situación de Ruptura de Pareja). Este recurso público se enfoca en la intervención psicosocial con núcleos donde el divorcio o la separación ha deteriorado gravemente el ejercicio de las funciones parentales, generando un impacto adverso en la estabilidad psicológica de los hijos a cargo. Las familias derivadas a este centro especializado disponen de un amplio catálogo de prestaciones asistenciales que abarca orientación psicológica y social, mediación familiar, asesoramiento legal y valoración técnica. El objetivo de los terapeutas municipales consiste en reconducir las pautas de comunicación destructivas, dotando a los progenitores de herramientas de resolución de conflictos para que la disolución del vínculo conyugal no menoscabe el bienestar de los menores.
La inyección presupuestaria y la prolongación del contrato actual de gestión permitirán garantizar la continuidad ininterrumpida de estas prestaciones esenciales hasta el 31 de julio de 2027. Las estadísticas de gestión de las áreas sociales del Ayuntamiento reflejan la alta demanda de estos servicios, constatando que más de mil familias con problemas de convivencia fueron atendidas a lo largo del año 2025 en la capital. Esta cifra subraya la importancia de mantener estos recursos operativos para responder a las necesidades de la población madrileña.
Durante el último ejercicio cerrado, los cuatro Puntos de Encuentro Familiar proporcionaron cobertura a 2.804 personas pertenecientes a 659 familias diferentes, logrando rebajar la tensión en los regímenes de visitas judiciales. Por su parte, el CERPA atendió a 917 personas integradas en 379 núcleos de convivencia con alta conflictividad, complementando su labor asistencial directa con el suministro de información de referencia y pautas de orientación a un colectivo de 518 profesionales del sector sociosanitario y educativo de la región.
La portavoz de Cibeles ha subrayado que estas cifras demuestran el impacto real de ambos recursos en la protección de menores y en el apoyo a las familias madrileñas que atraviesan momentos de especial dificultad. La aprobación de esta prórroga presupuestaria consolida el compromiso municipal con la mediación familiar y la intervención psicosocial como herramientas fundamentales para garantizar el bienestar de los menores en contextos de ruptura de pareja.