Los madrileños se quejaron 8.813 veces al Defensor del Pueblo en 2012

Los madrileños presentaron el pasado año un total de 8.813 quejas al Defensor del Pueblo, el 26,65% de todas las que se dieron en España y un 70,03 más que en 2011, centradas en gran medida en la sanidad y la educación, pero también en la falta de vivienda, la dependencia o la seguridad ciudadana.

Demoras de más de un año en pruebas o intervenciones quirúrgicas, la falta de profesionales en hospitales o centros de salud o la repercusión de las huelgas de finales de 2012 e inicio del 2013 han sido objeto de investigación del Defensor, que en este último caso explica que remitió a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid las quejas en las que apreció que "la demora en el acceso a la prestación podría tener consecuencias especialmente gravosas".

En el ámbito de la educación, los madrileños remitieron al organismo encabezado por Soledad Becerril quejas sobre el sistema de puntuación en la asignación de plazas escolares, sobre la falta de cobertura o cobertura tardía de las bajas de profesores o el servicio de autobús en la Cañada Real.

También sobre la falta de mecanismos de adaptación a las personas con dislexia de los procedimientos de pruebas de acceso en las universidades madrileñas.

En cuanto a los servicios sociales, los protocolos de tramitación de los expedientes de la dependencia han generado dos recomendaciones del Defensor del Pueblo, cuyo informe califica de excesivamente rígido el sistema de baremación económica establecido por la Comunidad de Madrid y alega que, en algunos casos, han existido esperas de seis meses por deficiencias en la gestión de los expedientes.

El cierre de vestíbulos en Metro o la cancelación de títulos tras el cambio de tarifas son otros motivos de numerosas quejas ciudadanas remitidas al Defensor, que indica que ha reclamado informes sobre la labor de la Policía en la manifestación de la 'Marcha minera' del 11 de julio 2012 en Madrid.

El informe del Defensor apunta además la situación de "colapso" en los registros civiles de las poblaciones del cinturón urbano de Madrid y curiosidades como la falta de ejecución de una estación de cercanías en Soto de Henares porque, al parecer, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz no ha contestado a la propuesta de convenio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

También refleja quejas sobre situaciones de degradación inseguridad ciudadana en casos como el barrio del Lucero de Madrid o los bajos de Azca, también en la capital, que en el último caso generó una investigación de oficio.

Según el informe, la Universidad Complutense de Madrid y los Ayuntamientos de Leganés y de Robledo de Chavela, entre otras administraciones e instituciones madrileñas, "entorpecen" la labor del Defensor del Pueblo al no remitir las "obligadas" respuestas a sus requerimientos.

El informe anual recuerda que las administraciones están obligadas a contestar sobre la "información que precisa para sus investigaciones" y lamenta que en ocasiones "esta respuesta no es siempre inmediata y en algunos casos, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse".

Otras entidades que "han incumplido su deber de colaboración" con el Defensor, sigue explicando el informe, son la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad y el Ayuntamiento de Manzanares el Real.

Por su parte, la Dirección General de la Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad tuvo en 2012 "un gran retraso" en la contestación de numerosas peticiones del Defensor, retraso que "a finales de año comenzó a resolverse tras una reunión de técnicos del Defensor con los responsables de esta administración".

Mención aparte merece, según el documento, el caso del Ayuntamiento de Robledo de Chavela, "que no contesta a los requerimientos de información de distintas investigaciones de esta institución, en actitud claramente no colaboradora".

Los expedientes de quejas presentados ante el Defensor del Pueblo en 2012 subieron en 16 comunidades, especialmente en Castilla-La Mancha y Baleares, con porcentajes superiores al 160 por ciento, mientras que sólo bajaron en La Rioja, un 4 por ciento.

Madrid, seguida a distancia de Andalucía y Cataluña, concentraron el año pasado más del 50 por ciento de las quejas aunque fueron las comunidades de Castilla-La Mancha y Baleares las que incrementaron el número de expedientes con un 173,60 por ciento en el primer caso y un 163,19 por ciento en el segundo.