Las sanciones por infringir las normas medioambientales sumaron 7,89 millones en 2012

Las sanciones impuestas por las 1.281 infracciones de la normativa medioambiental que se registraron en la Comunidad de Madrid en 2012 ascendieron a 7,89 millones de euros, un incremento de un 76% con respecto al año 2008, según ha informado el consejero de Medioambiente, Borja Sarasola.

Las inspecciones ambientales y la aplicación de la legislación sobre la industria y las actividades contaminantes han provocado un efecto "disuasorio" que ha provocado un descenso del 40,2% en el número de denuncias desde el año 2007, ha explicado Sarasola, durante una entrega de equipamiento en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos.

En concreto, la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos ha recibido un vehículo todoterreno, cuatro motocicletas con equipamiento especializado, una cámara de vídeo, dos ordenadores portátiles y diez lápices de memoria.

Este material está destinado a su uso por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza del Instituto Armado (Seprona), tal y como establece el convenio de colaboración vigente entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid de 2001.

En el acto, han acompañado a Sarasola la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y el alcalde de la localidad, Jesús Moreno, así como distintos responsables del Seprona.

La nueva equipación, ha reseñado Cifuentes, va a "incrementar" la eficacia del Seprona porque va a permitir "mejorar" la movilidad de los agentes, facilitándoles el reconocimiento de zonas difícilmente accesibles, la gestión de informes y la captación de medios de prueba.

La inversión realizada por la Comunidad de Madrid ha sido de 59.888,87 euros y se ha destinado al equipamiento "propuesto" por la Guardia Civil en la comisión mixta constituida para el cumplimiento del convenio, ha destacado la delegada en su intervención.

Cerca de 1.500 inspecciones en 2012

Los técnicos de la Consejería de Medioambiente realizaron el año pasado cerca de 1.500 inspecciones programadas o por denuncias, de las que 1.237 fueron acometidas por la Guardia Civil.

El área de Disciplina Ambiental de la Consejería recibió en 2012 un total de 3.308 denuncias y actas de inspección -1.237 recibidas de la Guardia Civil- por infracciones de la normativa medioambiental, relacionadas con la caza (334), daños a flora y fauna (250), circulación en terreno forestal (232), pesca (174) y residuos (143).

De las 1.454 inspecciones ambientales realizadas por los técnicos de la Comunidad, 928 eran programadas y 526 de oficio o como respuesta a denuncias.

Las infracciones de la normativa medioambiental han supuesto la incoación en 2012 de un total de 121 expedientes sobre infracciones relacionadas con industrias agroalimentarias, ganadería, vías pecuarias, protección y bienestar animal y agricultura.

Desde el año 2007, se ha producido un descenso del 81,6 % en el número de expedientes. Estas sanciones supusieron multas por más de 50.000 euros en 2012.

En cuanto a las 4.275 denuncias por infracciones contra el medioambiente realizadas por el Seprona en 2012, estas dieron lugar a 47 expedientes incoados y la apertura de 83 diligencias judiciales.

Los vertidos ilegales de residuos registraron el mayor incremento (100 %), de 942 casos en 2011 a 1.731 en 2012.

En este sentido, Cifuentes se ha comprometido a luchar contra las actuaciones que contaminan el medio natural y con el adecuado mantenimiento del patrimonio histórico.

La colaboración entre ambas instituciones repercute también en la protección de animales domésticos, la inspección medioambiental, la prevención de incendios forestales, la conservación de recursos naturales o la asistencia para educación, promoción y disciplina ambiental.

Las denuncias por maltrato de animales o existencia de núcleos zoológicos sin licencia alcanzaron las 1.404 denuncias, 723 casos afectaron a la fauna silvestre y otros 177 se debieron a daños a la flora, bosques y montes.

Cifuentes ha marcado como objetivo para el 2013 "intensificar" la colaboración con las policías locales y los agentes forestales para "reforzar" la vigilancia en los casos en los que más denuncias se refieren.