Irregularidades en los contratos de las compañías telefónicas
Las principales compañías de telefonía móvil que operan en España cometen alguna irregularidad en los procesos de contratación de sus productos y en la información que ofrecen a los consumidores antes de las contrataciones, según un estudio de la Comunidad de Madrid.
Según ha informado el Gobierno regional a través de una nota de prensa, doce de las compañías presentaban irregularidades al no mostrar correctamente los precios finales de venta o no reflejar el IVA y otros gastos en la oferta del precio del servicio.
Durante la campaña se descubrieron hasta 189 irregularidades sobre un total de 527 puntos evaluados en estas empresas, lo que supone casi un 36% de no conformidades en la normativa vigente en materia de consumo, indica la nota de prensa.
La campaña se realizó de oficio por la Dirección General de Consumo durante los últimos meses de 2013 y se orientó al control de incumplimientos que se han convertido en prácticas reiteradas o cláusulas habituales que afectan a los procesos de portabilidad, liberación del terminal o utilización de tarjetas prepago, entre otros.
La inspección se llevó a cabo fundamentalmente mediante cuestionarios, si bien también se visitaron tiendas para evaluar la contratación presencial y la distribución de productos (sobre todo, en el caso de operadores virtuales), así como las páginas web de las doce empresas proveedoras.
La mayoría de las nuevas operadoras virtuales de telefonía móvil, que contratan a distancia, omitían o no respetaban el derecho del consumidor a desistir del contrato en el plazo de siete días, como marca la ley.
Asimismo, se descubrieron cargos con posible carácter abusivo como los casos de tres operadoras que cobraban por la emisión de facturas o de ocho empresas que establecían en los contratos la pérdida de saldos en prepago si no se consumían en un cierto período.
Respecto a la liberación de terminales, se comprobó que estaba sujeta a dificultades en seis de las empresas inspeccionadas, pues requerían el mantenimiento del contrato o cobraban cantidades desproporcionadas por el servicio, más de 20 euros en algunos casos.
Por último, en menor medida, se detectaron irregularidades en materia de garantías de los terminales, indica el Gobierno regional en el comunicado.
