Los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid consideran “adecuado” empezar de nuevo la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y advierten de que el texto debe incorporar de forma “crucial” un modelo de financiación que garantice más ingresos para los campus.
Así lo ha defendido la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) y rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea, tras el cese del exconsejero Emilio Viciana y la llegada de Mercedes Zarzalejo a la Consejería.
Mendikoetxea sostiene que los distintos borradores han terminado distorsionando las propuestas iniciales y han dejado una norma “un poquito extraña”, por lo que los rectores apuestan por una ley más clásica, centrada en las misiones propias de la universidad: docencia, investigación y transferencia del conocimiento.
La presidenta de CRUMA ha reconocido la sorpresa por la salida de Viciana, al asegurar que la relación con el exconsejero era constante y fluida, aunque con discrepancias. No esperaban el relevo a estas alturas de la legislatura y lo atribuye a la dificultad de aunar posiciones en el diseño y la elaboración de la ley.
Mendikoetxea también ha rechazado que los rectores hayan boicoteado su marcha. Niega enfrentamiento y habla de diferencias de enfoque, insistiendo en que desde el inicio pidieron una norma estrictamente universitaria y no un texto que integrara ámbitos diversos.
Desde julio de 2025 se han celebrado reuniones con sectores de la comunidad universitaria y, a partir de octubre, con Mercedes Zarzalejo ya como viceconsejera, las conversaciones se abordaron directamente con ella. El último borrador relevante, fechado el 28 de noviembre, eliminaba algunos obstáculos importantes, aunque aún dejaba cuestiones esenciales sin resolver.
Para los rectores, la universidad pública necesita estabilidad y seguridad jurídica. Una ley bien definida debe ofrecer un marco claro y duradero que permita planificar con responsabilidad y evitar incertidumbres que afecten a la calidad del servicio.
La financiación es el eje central de la reclamación. Mendikoetxea evita fijar una cifra cerrada por la falta de contabilidad homogénea, pero toma como referencia el sistema andaluz, similar en tamaño, que contaría con unos 500 millones de euros más. De los 1.200 millones actuales en Madrid se debería avanzar hacia una cifra cercana a los 1.700 millones, según esa comparación.
La rectora subraya que el modelo no puede quedarse en una declaración de intenciones. Debe traducirse en cifras concretas que aseguren estabilidad. La captación de fondos competitivos y colaboraciones público-privadas es complementaria, pero la financiación estructural de las universidades públicas debe proceder principalmente de la Comunidad de Madrid.
Mendikoetxea defiende que el nuevo marco no debe limitarse a mantener la situación actual, sino permitir avanzar y ofrecer un mejor servicio a la sociedad madrileña y española. Advierte de años de inversión insuficiente en infraestructuras y de la necesidad de acometer reformas que refuercen la calidad docente e investigadora.
En cuanto a la situación de la Autónoma, explica que existe un desequilibrio estructural de en torno a 7 millones de euros. Aunque no se trata de un déficit inmediato, los ingresos estructurales son inferiores a los gastos, lo que obliga a mantener medidas de contención que, a largo plazo, no son sostenibles si se quiere mejorar el servicio.
Sobre Mercedes Zarzalejo, la presidenta de CRUMA ha señalado que la comunicación hasta ahora ha sido fluida y cercana, y que las referencias sobre su trabajo son positivas, aunque se muestran a la expectativa de sus próximos pasos. Esperan que las reuniones sean inminentes para retomar el diálogo.
En relación con las movilizaciones anunciadas por estudiantes y trabajadores, Mendikoetxea ha insistido en el papel institucional de los rectores. Su función, ha indicado, es negociar y alcanzar acuerdos en la mesa de diálogo, manteniendo la legitimidad necesaria para defender los intereses de la universidad pública.