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Los rectores madrileños alertan de infrafinanciación y reclaman cambios en la futura ley universitaria
Los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid han reiterado este martes su insatisfacción con el actual borrador de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), al considerar que aún quedan aspectos clave sin resolver, especialmente en materia de financiación, profesorado y régimen sancionador.
Durante una rueda de prensa celebrada en el rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares, con motivo de la formalización de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) como asociación, los responsables académicos han alertado de la persistente “infrafinanciación” que padecen los centros públicos y han reclamado un mayor compromiso del Ejecutivo regional.
El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, ha señalado que “la financiación claramente sigue siendo insuficiente” y ha explicado que ha sido necesario solicitar un crédito de más de 34 millones de euros al Gobierno regional para sostener la actividad académica. Goyache ha comparado la situación con universidades andaluzas que, con estructuras similares, disponen de 500 millones más en sus presupuestos, o con universidades europeas clásicas que, por sí solas, superan el presupuesto total de las seis madrileñas.
Por su parte, la rectora de la Universidad Autónoma, Amaya Mendikoetxea, ha denunciado que desde la crisis de 2008 los centros madrileños han funcionado “ahogados año a año”, sin capacidad de planificación a medio o largo plazo. Ha urgido a conocer el modelo de financiación que presentará la Consejería de Educación “en breve”, pues considera que el futuro de la universidad pública está en juego.
El rector anfitrión y presidente temporal del CRUMA, José Vicente Saz, ha reconocido un cambio de actitud en el desarrollo de la LESUC, pero ha precisado que las negociaciones con la Consejería no están cerradas. “Nos estamos acercando a un documento que creemos que será útil, pero aún no hemos finalizado las negociaciones”, ha apuntado.
Desde la Universidad Politécnica, su rector Óscar García ha valorado positivamente el clima de diálogo institucional con la Consejería, pero ha recalcado que persiste la preocupación por la financiación básica, ya que sin ella no se puede contratar personal docente. Ha considerado que el sistema de objetivos es positivo, pero ha advertido que “los escraches no son el núcleo del problema”, en referencia a los recientes actos de protesta universitaria.
Las universidades más afectadas por la falta de recursos son la Complutense y la Rey Juan Carlos. El rector de esta última, Abraham Duarte, ha advertido que, si no se produce un aumento significativo de la financiación, la situación podría complicarse a partir de 2027. Aunque la URJC no ha solicitado aún ningún crédito, su margen de solvencia tiene fecha de caducidad si el nuevo modelo no cumple con las necesidades estructurales.
Desde la Universidad Carlos III, su rector Ángel Arias ha puesto el foco en el desequilibrio entre la oferta pública y privada en la región, con catorce centros universitarios privados frente a seis públicos. Ha instado a abrir un debate en profundidad sobre el papel que deben jugar las universidades públicas en Madrid, no sólo en términos cuantitativos, sino en cuanto al tipo de formación que se ofrece.
