El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha cargado de nuevo este martes contra la "criminalización" de los beneficios empresariales que, a sus ojos, lleva a cabo el Gobierno de España.
Así lo ha destacado Garrido en la sede de la patronal en la presentación del balance del segundo año de la Línea Abierta contra la Hiperregulación puesta en marcha por la Comunidad de Madrid.
"Se desprecia e insulta a la actividad de los empresarios. Se dificulta que las empresas sean rentables. Eso no lo he visto nunca en ningún país occidental en el que a los ministros les parezca mal que las empresas ganen dinero", ha lanzado Garrido.
Entiende que las compañías tienen como responsabilidad "ser rentables" y conseguir el "mayor beneficio" para compensar a los accionistas. Esto revierte en generar riqueza y "mejorar la sociedad" desde el pago de impuestos al retorno de los beneficios que los accionistas pueden volver a invertir en otras iniciativas.
Frente a esta actitud ha situado a aquellos cargos públicos y responsables que piensan "en lo contrario, en buscar favorecer la actividad empresarial". En este extremo ha situado a la Comunidad de Madrid, en la posición de apoyar la libertad empresarial, la competitividad y su papel centrado en "innovar, llegar a los clientes e internacionalizarse".
Es por ello que ha celebrado esta línea abierta contra la hiperregulación que no puede "parecer mejor" como "idea del espíritu" con el que entiende que deben afrontar las administraciones su relación con las compañías "Simplificar los aspectos que pueden dificultar que desarrollemos la actividad", ha recalcado.
La Comunidad de Madrid ha adoptado más de 200 propuestas de particulares y empresas para reducir las trabas regulatorias y burocráticas que entorpecen la puesta en marcha y desarrollo de negocios y favorecer así la actividad económica.
En concreto, desde la aprobación del Plan de Reactivación de la Comunidad de Madrid, en mayo de 2020, se han incorporado un total de 205 reformas de mejora regulatoria, simplificación administrativa y derogación normativa, de las cuales el 75% ya están ejecutadas y el resto en proceso de tramitación.
En cuanto a las ya ejecutadas, el 35% han requerido una reforma de norma con rango de ley. Además, el 78% ha supuesto una mejora regulatoria y el resto se ha traducido en una simplificación burocrática.