Dávila defiende el modelo público-privado en las futuras 40 nuevas residencias para mayores de la región
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha defendido este viernes el modelo de colaboración público-privada para la construcción y gestión de las 40 nuevas residencias de mayores proyectadas en la región. Lo ha hecho en respuesta a las críticas vertidas esta semana por una quincena de asociaciones, sindicatos y partidos de izquierda, que exigen que dichos centros sean de gestión íntegramente pública.
Desde el centro cultural Condeduque, donde ha participado en la presentación de actividades educativas, Dávila ha recalcado que se trata de “un modelo de éxito”, que ya se ha aplicado en otras ocasiones en la Comunidad y que goza, ha subrayado, “de índices de satisfacción muy elevados entre las familias”.
“La izquierda no tiene que decirnos cómo gestionar”
La consejera ha sido tajante en su respuesta a las formaciones convocantes de la protesta, entre ellas Podemos, Más Madrid, Izquierda Unida, PSOE y varios colectivos de mayores y sindicatos. “La izquierda no nos tiene que decir cómo gestionar. Cuando gobiernen, que gestionen como consideren”, ha replicado. Además, ha señalado que en comunidades gobernadas por partidos de izquierda también existen fórmulas de colaboración público-privada en los servicios sociales. “Parece que se esconden cuando hacen este tipo de manifestaciones”, ha añadido.
El próximo 19 de marzo, a las 11:30 horas, está prevista una concentración frente a la sede de la Comunidad de Madrid convocada por organizaciones como Amnistía Internacional Madrid, Ecologistas en Acción, la FRAVM, la Marea de Residencias, CC.OO., UGT, Pladigmare, 7.291 Verdad y Justicia, así como partidos políticos de la izquierda regional. Reclaman que las futuras residencias, anunciadas como parte del plan de refuerzo del sistema de atención a mayores, sean gestionadas únicamente con recursos públicos.
El Gobierno regional, sin embargo, mantiene su apuesta por un modelo mixto en el que la inversión y gestión compartida con entidades privadas permite, en palabras de Dávila, “agilizar la puesta en marcha de los servicios y garantizar la atención a los mayores sin renunciar a los estándares de calidad”.
