La Justicia checa obliga a Telefónica a pagar 102 millones

El Tribunal Constitucional checo desestima el recurso de Telefónica y confirma el pago de 102 millones de euros a accionistas de Cesky Telecom.

El Tribunal Constitucional de República Checa ha desestimado el recurso de Telefónica por el que buscaba evitar el pago de 35 millones de euros más intereses a dos accionistas de la antigua Cesky Telecom por la compra de la compañía checa en 2005, con lo que el monto total asciende a 102 millones de euros.

La Justicia checa ha determinado que no cabe recurso ante la decisión del Tribunal Supremo del país, que quitó la razón a la 'teleco' española después de que un tribunal inferior determinara que no tenía que indemnizar a los accionistas. "Dado que el Tribunal Constitucional no encontró ninguna violación de los derechos y libertades fundamentales garantizados constitucionalmente de la demandante, rechazó su demanda constitucional fuera de la audiencia oral sin la presencia de los participantes", reza el alto tribunal checo.

El caso se remonta al año 2005 cuando Telefónica adquirió una participación mayoritaria de Cesky Telecom en el proceso de privatización a un precio de 502 coronas checas (20,78 euros) por título, pagados al estado checo. Posteriormente, el Gobierno de República Checa obligó a Telefónica a lanzar una OPA para hacerse con el total de la empresa, adquiriendo las acciones por 456 coronas checas (18,88 euros).

Los accionistas minoritarios Lexburg y Venten, empresas de origen chipriota y vinculadas al inversor Pavel Tykac, iniciaron un proceso legal para reclamar un pago compensatorio por esta reducción en el precio de las acciones.

Telefónica también vertió críticas en su recurso a la designación del perito encargado de revisar el caso, acusándole de parcialidad, y denunció la aplicación retroactiva de ciertas normas, a pesar de que en el momento de la operación se cumplían los requisitos.

La compañía española dejó el mercado checo posteriormente y vendió su filial O2 Czech Republic al grupo inversor PPF, pese a ello mantuvo la responsabilidad legal sobre la operación ejecutada en 2005.