Vox querella al delegado del Gobierno por la acampada de Sol

Vox acusa al delegado del Gobierno de omisión del deber de perseguir delitos y prevaricación administrativa por la acampada de Sol, iniciada el 26 de septiembre, también querella a portavoces de izquierda por reunión ilícita.

Vox presentó este martes una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, al que acusa de omisión del deber de perseguir delitos y prevaricación administrativa por omisión, en relación con la acampada instalada en la Puerta del Sol desde finales de septiembre.

La formación también dirige la acción penal contra portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y de la Coordinadora Juvenil Socialista, así como contra otros promotores y organizadores del campamento, a quienes atribuye un presunto delito de reunión ilícita por no haber impedido la presencia de personas con objetos peligrosos en el recinto.

Hechos que fundamentan la acusación

Ejerciendo la acusación popular, Vox sostiene en su escrito que la Delegación del Gobierno habría ignorado hechos con apariencia delictiva puestos en su conocimiento tanto por el Ayuntamiento como por la Comunidad de Madrid, y que además habían sido recogidos en informaciones periodísticas.

Entre los hechos denunciados figuran la presencia de cuchillos de gran tamaño y piedras en el campamento, posibles daños en elementos patrimoniales e incidentes con profesionales de la información. Un informe de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad documenta pintadas y grafitis en la Real Casa de Correos, edificio declarado Bien de Interés Cultural, así como actuaciones sobre la escultura del Oso y el Madroño y sobre ventanas y rejas de la fachada.

La querella recoge también incidentes denunciados por distintos medios. El más concreto: la presunta agresión a un operador de cámara del programa 'Código 10' el 28 de septiembre. A ello se suman otros episodios en los que periodistas habrían sufrido increpaciones, obstáculos para grabar o intentos de arrebatarles el material.

Dimensiones de la acampada

El campamento arrancó la noche del 26 al 27 de septiembre, tras una manifestación contra los desahucios convocada por el Sindicato de Inquilinas. El 28 de septiembre, la propia Delegación del Gobierno cifró en unas 3.000 las personas congregadas. El 3 de octubre, las informaciones citadas por Vox apuntaban a más de 2.000 tiendas de campaña, con una ocupación que se extendía por la calle del Arenal.

Vox afirma que no consta comunicación previa de los organizadores a la autoridad gubernativa, tal como exige la normativa para reuniones en lugares de tránsito público. El partido también subraya que el campamento se ha mantenido sin fecha de finalización definida.

Querellados y estructura organizativa

La querella se dirige contra Alicia R., Valeria R., Carolina V. y Fernando S., identificados como portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. También señala a Carlota F. y Marta H., portavoces de la Coordinadora Juvenil Socialista, cuya marcha del 2 de octubre partió de la Puerta del Sol. Se incluye asimismo a Quico C., identificado como miembro de la Comisión de Urbanismo del campamento, y a los demás promotores y organizadores que puedan determinarse durante la instrucción.

Según Vox, la acampada dispone de una estructura organizativa propia, con una Asamblea General y distintas comisiones. La de Urbanismo, en particular, habría intervenido en la distribución de tiendas y en la organización del espacio, lo que permitiría identificar a quienes tomaban decisiones sobre el funcionamiento y la continuidad del campamento.

Contexto: rechazos judiciales previos

La querella hace referencia al procedimiento contencioso-administrativo impulsado por la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para reclamar medidas de desalojo. El tribunal rechazó el 5 de octubre las medidas cautelarísimas solicitadas y, dos días después, el 7 de octubre, desestimó también la medida cautelar al considerar que no estaba acreditada la inactividad administrativa denunciada.

Vox argumenta que esa resolución, de naturaleza cautelar, no se pronuncia sobre la eventual responsabilidad penal de Martín ni sobre su supuesto deber de promover la investigación de hechos con apariencia delictiva. El partido añade que remitió escritos al Ayuntamiento y a la Delegación del Gobierno pidiendo el desalojo inmediato de la zona, sin obtener respuesta.

Diligencias solicitadas

Vox pide que se cite a declarar al delegado del Gobierno y a los promotores y organizadores identificados en la querella. Solicita también que se incorporen las grabaciones de cámaras públicas de la Puerta del Sol, el entorno de la Real Casa de Correos y la calle del Arenal entre el 26 de septiembre y el 8 de octubre.

Reclama además que la Delegación del Gobierno aporte las comunicaciones recibidas, los requerimientos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, las respuestas emitidas y la documentación sobre posibles actuaciones policiales. Pide igualmente a la Policía Nacional y Municipal los atestados, denuncias, partes de servicio, actas de identificación y demás documentación vinculada a los hechos. Por último, solicita una pericial para determinar la naturaleza y el alcance de los daños en la Real Casa de Correos y en la escultura del Oso y el Madroño, así como su coste de reparación.