El ministro del Interior anuncia deportación de solicitantes de asilo en Barajas
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que los solicitantes de asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que alegan ser saharauis perseguidos, serán deportados si no cumplen con los requisitos legales, siempre que así lo ratifiquen los órganos judiciales. Esta declaración ha tenido lugar en el centro penitenciario de León, durante la celebración de la festividad de la Merced, patrona de las Instituciones Penitenciarias.
Grande-Marlaska ha afirmado que el Ministerio del Interior se guiará por el "cumplimiento de la legalidad nacional e internacional", subrayando que cualquier decisión se tomará bajo la supervisión y aval de los tribunales. El ministro aclaró que aquellos solicitantes que no sean reconocidos como merecedores de protección internacional "serán deportados o devueltos", siempre en conformidad con lo que dicte la ley.
Situación en el aeropuerto de Barajas
Estas declaraciones del ministro se producen en medio de la situación de varios ciudadanos marroquíes retenidos en la sala de asilo del aeropuerto de Madrid-Barajas, algunos de los cuales han iniciado una huelga de hambre. Según fuentes del Ministerio del Interior, diez personas han comunicado esta medida de protesta, aunque cinco de ellas aceptaron el desayuno este lunes.
La huelga de hambre responde a las dificultades que estos solicitantes de asilo están enfrentando, ya que, según denuncian, el Gobierno no está aceptando sus peticiones. Los detenidos aseguran ser saharauis perseguidos, aunque el Ministerio mantiene que la decisión sobre su futuro dependerá de las investigaciones y resoluciones judiciales.
Podemos denuncia condiciones inhumanas
El partido Podemos, a través de su secretaria general, Ione Belarra, ha visitado este lunes el aeropuerto, aunque la delegación no pudo acceder a la sala de asilo donde se encuentran retenidos los solicitantes. Belarra denunció lo que calificó como "condiciones inhumanas" y expresó su sospecha de que el Gobierno podría estar negando las solicitudes de asilo para no incomodar a Marruecos, al que describió como una dictadura.
Podemos ha sido crítico con la gestión del Gobierno en este tema, exigiendo más transparencia y mejores condiciones para los solicitantes de asilo, que afirman encontrarse en una situación de vulnerabilidad extrema. La formación política considera que la postura del Ejecutivo podría estar influenciada por la compleja relación diplomática entre España y Marruecos, en la que el conflicto del Sáhara Occidental sigue siendo un tema de tensión.
Cumplimiento de la ley como base de las decisiones
Grande-Marlaska ha reiterado que la actuación del Ministerio del Interior está basada en el marco legal vigente y que, en cada caso, se seguirán los procedimientos establecidos para determinar si los solicitantes cumplen con los criterios de protección internacional. "Nos movemos en el ámbito de la ley", afirmó el ministro, recalcando que la deportación de los solicitantes de asilo que no sean reconocidos como acreedores de protección internacional se realizará siempre con la ratificación judicial correspondiente.
