El PP critica el recurso de Gabilondo sobre la ley de nietos

El PP ha calificado de "maniobra insólita" el recurso presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ante el Tribunal Constitucional contra la suspensión del voto de quienes obtuvieron la nacionalidad a través de la "ley de nietos". El partido ha anunciado que pedirá personarse en el procedimiento para "defender un censo íntegro como garantía electoral".

Los populares han exigido al Ministerio de Asuntos Exteriores que cumpla "lo ordenado" por el Tribunal Supremo y le han advertido de que reclamarán responsabilidades "penales" si "obstaculiza" la salida del censo de los nacionalizados por esa ley que no descienden de exiliados.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reconoció este lunes que será "muy difícil" que los consulados comprueben a tiempo cuáles de los nacionalizados por la "ley de nietos" descienden de exiliados para que puedan votar en las elecciones del 29 de noviembre, tal como ha ordenado el Supremo.

En unas declaraciones grabadas difundidas por el partido, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, denunció que el Gobierno no ha remitido a la Oficina del Censo "ni un solo dato" en "más de un mes después", pese a los dos autos del Supremo.

El PP ha remitido un burofax a la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares exigiéndole que cumpla "de inmediato lo que ha ordenado el Supremo", y ha advertido de que acudirá a los tribunales si no lo hace. "Advertimos de que en caso de incumplimiento vamos a exigir todas y digo todas las responsabilidades de quien corresponda, también las penales", añadió Ezcurra.

Plazo hasta el jueves

Ezcurra explicó que con el burofax el partido persigue "la salvaguarda" del sistema electoral y de la democracia, dado que el Supremo ha dictado dos autos "obligando al Gobierno a retirar del censo a quienes no son descendientes de exiliados y el Ministerio de Exteriores es quien conoce esa información".

Con todo, subrayó que "más de un mes después" la Oficina del Censo "no ha recibido ni un solo dato", lo que a su juicio revela "una actitud pasiva, por no decir obstruccionista". "No actuar es una acción deliberada de incumplir un mandato judicial y tiene que tener consecuencias", advirtió.

La dirigente popular precisó que el plazo concedido vence el jueves, porque el sábado 24 arranca el envío del voto del Censo de residentes en el exterior. "Y si no hay datos, llegará también a los 163.020 electores cuya inscripción en el Censo ha sido suspendida por el Tribunal Supremo", alertó.

Ofensiva contra el recurso de Gabilondo

Ezcurra anunció que el PP pedirá al Tribunal Constitucional que acepte su personación "para defender un censo íntegro como garantía electoral" y que rechace a trámite el recurso del Defensor del Pueblo.

"Lo de Ángel Gabilondo es una maniobra insólita porque el Defensor del Pueblo debería defender al pueblo, no al Gobierno", afirmó Ezcurra.

La vicesecretaria reprochó que, "a un mes de dejar el cargo y sin ser parte del proceso", Gabilondo acuda al Constitucional "para anular al Supremo cuando la vía judicial ni siquiera ha terminado, y en su propio recurso admite que el problema es la ineficacia administrativa del Gobierno". A su juicio, "parece que hay algunos socialistas muy agradecidos que están empeñados en ofrecer su último servicio al sanchismo".

Según Ezcurra, el recurso no reúne los requisitos legales, ya que antes de que se pronuncie el Constitucional debe agotarse la vía judicial. "El Tribunal Supremo no ha resuelto, porque lo dictado son solo unas medidas cautelares. Si se estima el recurso de Gabilondo, sería una indefensión absoluta, incluso para aquellos nietos que tienen una vía judicial abierta en el Supremo", advirtió.

El PP denunciará también "los hechos conocidos en el Consulado General de España en México, para que se investiguen y para que se depuren responsabilidades", tras conocerse la existencia de "pasaportes concedidos a personas sin padres ni abuelos españoles". "Que hubiera un solo caso de concesión irregular ya sería un escándalo. Que haya decenas de miles es un fraude democrático masivo", afirmó Ezcurra.

Garantías electorales

Ezcurra sostiene que la "ley de nietos" plantea también "un problema de garantías electorales y de cumplimiento de resoluciones judiciales". "No nos vamos a cansar de repetirlo. Ni es una ley ni es de nietos. Es una instrucción de la hermana Óscar Puente que abrió la puerta del censo electoral a cientos de miles de personas que nunca han vivido en España", señaló.

La dirigente aseguró que el Supremo "ha frenado ya dos veces este atropello y el Gobierno en lugar de cumplir, de acatar lo que manda el Poder Judicial se dedica a obstaculizar la acción de la Justicia para ganar tiempo, aunque apenas queden 40 días para las elecciones que supondrán el fin del sanchismo".

Por ello, insistió en que su partido no permitirá que "un Ejecutivo sin límites" y "decidido a quebrantar" el ordenamiento jurídico "arrastre la democracia y la ley" de España. A su juicio, la nacionalidad española "no se regala" y "las elecciones no se intentan alterar a 40 días de que se celebren".

"No vamos a mirar hacia otro lado. Y no vamos a pasarle ni una a este Gobierno mientras no esté desalojado hasta el último despacho. Vamos a llegar hasta el final, con todos los instrumentos que nos da el Estado de Derecho para defender la democracia", concluyó Ezcurra.