El Gobierno ordena al Registro Civil dejar de inscribir directamente a los bebés nacidos por gestación subrogada
El Gobierno ha aprobado este miércoles una nueva instrucción que impedirá al Registro Civil la inscripción directa de niños nacidos por gestación subrogada en el extranjero. A partir de ahora, solo podrán registrarse los menores cuya filiación se determine conforme a la legislación española mediante vínculo biológico o adopción. La medida, que será publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), busca reforzar la aplicación de la prohibición de esta práctica en España, conforme al marco legal y jurisprudencial vigente.
Con esta decisión, el Ejecutivo da cumplimiento a una reivindicación histórica del movimiento feminista y de organizaciones defensoras de la infancia, que denuncian la gestación subrogada como una forma de mercantilización del cuerpo de la mujer y del propio menor. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha indicado que se pretende garantizar el interés superior del menor, impedir vulneraciones del ordenamiento jurídico y evitar que ciudadanos españoles esquiven la normativa recurriendo a esta práctica en otros países.
Cambio de criterio tras la sentencia del Supremo
Hasta la fecha, los niños nacidos mediante gestación subrogada en el extranjero podían ser inscritos en el Registro Civil si se cumplían ciertos requisitos, como la presentación de una resolución judicial extranjera o la obtención del exequatur. No obstante, la nueva instrucción ajusta el régimen registral a la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Supremo en diciembre de 2024, que por primera vez negó el reconocimiento en España de una resolución judicial estadounidense que avalaba un contrato de gestación subrogada.
El alto tribunal declaró nulo dicho contrato por ser contrario al orden público español, al considerar que cosifica tanto a la madre gestante como al menor. Además, remarcó que la protección jurídica del niño debe basarse en el marco legal vigente en España y en los tratados internacionales suscritos, así como en la jurisprudencia consolidada que se opone a este tipo de acuerdos.
Consonancia con la doctrina europea
La nueva regulación también responde a los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de los Estados miembros a adoptar medidas que dificulten la práctica de la gestación por sustitución cuando esta está prohibida en su legislación. Según el Gobierno, esta línea de actuación es compartida por países del entorno europeo como Francia, Alemania o Italia, donde también está vetada por vulnerar la dignidad de la mujer.
Instituciones como el Parlamento Europeo han expresado su rechazo a esta práctica, alertando de que convierte el cuerpo de la mujer en una “materia prima” para el mercado de la reproducción. Solo en el año 2024, se registraron en España 154 menores nacidos por gestación subrogada en virtud de resoluciones extranjeras.
El Gobierno quiere llevar la prohibición “a sus últimas consecuencias”
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya había anticipado el pasado 22 de abril que el Gobierno trabajaba para reforzar la prohibición de la gestación subrogada. En palabras de la ministra, se trata de una práctica “radicalmente prohibida” en España, y las nuevas instrucciones persiguen que esa prohibición tenga plena eficacia en el plano administrativo y registral.
Redondo subrayó entonces que la cooperación entre los Ministerios de Igualdad y Justicia busca cerrar cualquier resquicio legal que permita que este tipo de prácticas, vedadas por el ordenamiento jurídico español, se materialicen bajo amparo de resoluciones extranjeras o fórmulas de reconocimiento indirecto.
