La fiscalía afirma que las empresas de Gao Ping tenían una solvencia de 180 millones de euros

La fiscalía afirma que las empresas de Gao Ping tenían una solvencia de 180 millones de euros

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La Fiscalía Anticorrupción asegura que la "solvencia" de las empresas del entramado creado por el presunto cabecilla de la trama china de blanqueo, Gao Ping, era de 180 millones, a los que se sumarían otros 100 millones anuales de una operación que preveía llevar a cabo en China.

Este era uno de los argumentos de la Fiscalía para oponerse en un recurso a la rebaja, de 800.000 a 400.000 euros, de la fianza impuesta por el juez Fernando Andreu a Gao Ping, que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado.

En un auto, la sección tercera desestima el recurso de la Fiscalía contra la rebaja de la fianza, que Gao Ping pagó el pasado julio mediante 93 cheques bancarios de otros tantos ciudadanos de la comunidad china en España, quedando así en libertad.

La Fiscalía se opuso a rebajarla dado el "importante entramado empresarial" que lideraba y porque se ha comprobado cómo "ha dispuesto de una gran cantidad de dinero que ha situado fuera de España".

Aseguraba que las empresas del entramado tenían una solvencia de 135 millones, cantidad que, sumando la correspondiente a las tiendas minoristas, llegaría a los 180 millones (no se especifica si de euros o de dólares).

A ese dinero se sumarían otros 100 millones anuales que Gao Ping esperaba ganar de la apertura de una nueva sede de la empresa GMC en China.

"Además -afirmaba el fiscal-, de las conversaciones intervenidas (en el caso Emperador) se significaría la expansión internacional del mismo fuera de la República Popular China y de España, llegando a desarrollar actividades en otros países como Italia, con un volumen mensual de facturación del negocio de sus sociedades de 1.300.000 euros".

La sala rechaza estos argumentos y considera en cambio que Gao Ping no dispone de tanto dinero, porque se le embargaron los bienes judicialmente, un dato en el que, apuntan los magistrados, "no repara el Ministerio Fiscal" en su recurso.

Los jueces recuerdan también que el imputado "cumplió rigurosamente con todas y cada una de las obligaciones impuestas en situación de libertad" y por su "arraigo personal y social" en España.

Además de rebajarle la fianza para que pudiera salir de la cárcel, el juez adoptó en su día una serie de medidas cautelares para reducir el riesgo de fuga del imputado: varias comparecencias semanales en la Audiencia Nacional, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.

Ping ingresó en prisión en octubre de 2012 tras su detención en la operación Emperador y fue puesto en libertad un mes después por un error judicial. En abril de 2013 volvió a ser encarcelado por el riesgo de fuga que existía y por la aparición de nuevos hechos incriminatorios.

El juez le impuso el pasado 2 de junio, y a petición de la Fiscalía Anticorrupción, una fianza de 800.000 euros para salir de prisión, pero su defensa la recurrió y finalmente el magistrado rebajó esa cifra a la mitad.

Andreu le rebajó la fianza al considerar que esta medida era la adecuada en vista de los antecedentes de Gao Ping, que "cumplió rigurosamente" con las comparecencias diarias en la Audiencia Nacional que le impuso el juez durante los cinco meses que estuvo en libertad.

Tres años después del inicio de las investigaciones, el caso encara sus últimas diligencias y para cerrar la instrucción se está negociando la entrega de las personas que se encontraban huidas y que residen en China, fundamentalmente tres familiares de la esposa de Gao Ping, Lizhen Yang.

La operación Emperador arrancó en octubre de 2012 con la detención de unas 80 personas.

En esta causa se investiga una supuesta trama de ciudadanos chinos que operaba principalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada y que se dedicaba al blanqueo.

Se calcula que blanqueaban entre 200 y 300 millones de euros al año, por lo que fue considerada una de las mayores operaciones que se han desarrollado en España por blanqueo de capitales y delito fiscal.

 

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